En plena vorágine informativa, y a expensas de las medidas que el Consejo de Ministros ha aprobado este mediodía, hemos hablado con Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña. Con él hemos abordado, a primera hora de la mañana, cómo afecta la paralización de la actividad productiva al empleo en la Comunidad Autónoma, las medidas anunciadas o pendientes de ello por parte del Ejecutivo Central, y la lectura que se podría sacar de esta crisis: un replanteamiento que ponga en valor sectores precarizados, pero básicos en situaciones de emergencia, como sanidad y dependencia.
En Cataluña, y a día de hoy, se han presentado 69.000 ERTES que afectan a 528.000 trabajadores desde que empezó la crisis generada por el coronavirus. ¿Cómo valoran estas cifras desde Comisiones Obreras?
Tras declararse el Estado de alarma, Comisiones Obreras ya planteaba una afectación cercana al medio millón de personas, pero nos hemos quedado cortos. Creemos que el número de trabajadores perjudicados por la suspensión temporal de empleo se va a incrementar hasta superar los 700.000 en los próximos días. Especialmente porque se empiezan a incorporar, y de manera masiva, los ERTES de la hostelería y la restauración que afectan a miles de empleados.
Hasta la fecha, era radicalmente desconocida una parada de la actividad de estas características. Entendemos que la mayoría de las suspensiones temporales de empleo eran una fórmula para garantizar el mantenimiento de las empresas y conservar la ocupación. Aun así, algunas empresas han interpretado, de manera generalizada, la causa de fuerza mayor para ahorrarse el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Me refiero a empresas cuyas dificultades se deben más a causas organizativas y productivas que con el cierre por causa mayor contemplado en el Decreto del Estado de alarma. Algo que iremos resolviendo a medida que se revisen las autorizaciones de esos ERTES. Para mí, lo importante es que estas empresas que se acogen a la causa de fuerza mayor de forma errónea están vaciando los recursos de la Seguridad Social necesarios para dotar de suficiencia al sistema sanitario en estos momentos.
Creemos que el número de trabajadores perjudicados por la suspensión temporal de empleo se va a incrementar hasta superar los 700.000 en los próximos días. Especialmente porque se empiezan a incorporar, y de manera masiva, los ERTES de la hostelería y la restauración que afectan a miles de trabajadores".
Además de los ERTES, ¿qué afectaciones tiene el Estado de alarma en el empleo catalán?
Según la EPA del último trimestre del año pasado, en Cataluña había 626.000 trabajadores temporales, dato que se ha ido manteniendo si observamos la evolución del paro durante los últimos meses. A toda esta gente le han rescindido su contrato: están en la calle sin recibir ninguna contraprestación. Esperemos que el Consejo de Ministros de hoy dé alguna solución también para estos ciudadanos que han perdido sus ingresos, y, sobre todo, qué herramientas pondrá en marcha para incorporarlos, de nuevo, al mercado laboral. Hablamos de más de medio millón de personas, sin contar la economía sumergida.
En mi opinión, debería haber medidas también para estos colectivos -temporales, precarios, etc.- más vulnerables que el resto a la crisis que estamos viviendo. Una persona que percibe un salario miserable, cuando le reduzcan la contraprestación al 70% no va a recibir suficientes ingresos para mantenerse, ni siquiera durante este confinamiento.
Según la EPA del último trimestre del 2019, en Cataluña había 626.000 trabajadores temporales. A toda esta gente le han rescindido su contrato: están en la calle sin recibir ninguna contraprestación. Esperemos que el Consejo de Ministros de hoy dé alguna solución también para estos ciudadanos que han perdido sus ingresos".
El pasado fin de semana, el Gobierno aprobó un permiso retribuido recuperable para aquellos trabajadores de actividades no esenciales que dejarían de acudir a sus puestos de trabajo a partir del 30 de marzo. Sin embargo, parece que esta decisión les cayó por sorpresa a la mayoría de los agentes sociales, por las reacciones que se hicieron públicas al día siguiente…
Desde hacía días, se hablaba de aumentar las restricciones a la actividad productiva para limitar, aún más, la movilidad de la ciudadanía. Es cierto que no ha sido una decisión negociada y consensuada, pero sí ha habido conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales. Se constataron presiones que el Ejecutivo de Sánchez gestionó de manera incorrecta, generando cierta confusión en torno a las interpretaciones de los sectores esenciales afectados por esta media. Debemos tener en cuenta que el tejido productivo tiene muy fragmentada su cadena de valor: algunas empresas trabajan para otras necesarias para garantizar la producción de productos y servicios básicos para los usuarios.
Las posiciones del Ejecutivo pueden gustar más o menos: a nosotros nos han parecido bien.
En el Consejo de Ministros de hoy se espera la aprobación de una moratoria de las cuotas a autónomos y pymes, que podría ser de seis meses, así como una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar. ¿Qué opinan al respecto?
Los autónomos son los que más sufren la falta de ingresos y liquidez, repercutiendo directamente en su forma de vida. Necesitan medidas que vayan más allá de la financiación mediante el aplazamiento de las cuotas. Es necesario definir una prestación concreta que les garantice unos ingresos mínimos, equivalentes al SMI, a través de la Seguridad Social.
En cuanto a las empleadas del hogar, si se aprueba esa prestación, se habrá atendido una reivindicación histórica para un sector vital, como se está demostrando en estos momentos, y donde no se firman contratos de trabajo.
También se podría dar luz verde al Plan de Ayuda al Alquiler que incluiría préstamos dirigidos a los inquilinos que no puedan hacer frente al pago del alquiler, al carecer de ingresos momentáneos.
Desde hace tiempo pedimos que se suspenda el pago del alquiler a las personas vulnerables, garantizando que no suponga una pérdida de ingresos a los pequeños arrendatarios. No se puede tratar igual a las grandes inmobiliarias e inversores y a los pequeños ahorradores que también necesitan ese alquiler para poder vivir. Además, nos gustaría que se extendiera esa moratoria de alquileres a los autónomos y las pymes, para hacer frente al impago del local y evitar que se cierren negocios.
Habrá que ver si se aprueban todas esas medidas que se han filtrado. Pero si fuera así, se habrían tenido en cuenta, parcialmente, algunas de las reivindicaciones de los sindicatos. De todas maneras, creo que el Gobierno todavía estaría lejos de “no dejar atrás a nadie en esta crisis”, como aseguró Sánchez días atrás. Trabajadores precarios, temporales, empleadas del hogar y autónomos todavía se quedarían en la cuneta. No es momento de agravar las desigualdades sociales: un 25% de la población catalana se halla en el umbral de la pobreza.
Y ya para acabar, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? ¿Qué lectura se puede sacar de esta situación?
Es una incógnita, aunque creo que hasta bien entrado el mes de mayo no se constatará la recuperación económica con toda normalidad. Como lectura, debemos replantearnos cuáles son los sectores capitales en nuestro modelo de sociedad. Se ha demostrado que algunos sectores (dependencia, empleadas del hogar, sanidad, etc.), con muy poco valor añadido para la economía privada, facilitan aquello que se necesita en situaciones de emergencia, como esta. Debemos reflexionar si el cuidado y atención a personas dependientes, cada vez más precario, se debe seguir privatizando o formar parte de una estrategia del sector público. También vemos cómo el sector sanitario, que preserva el primer valor fundamental de nuestra sociedad, la salud, ha experimentado numerosos recortes durante años y ahora pone en jaque al conjunto de la economía. Si hubiéramos podido hacer frente, de manera más eficaz, al contagio sin llegar a saturar el sistema sanitario, no habría hecho falta parar el resto de la economía.
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