La asociación Salvar el Archivo de Salamanca acaba de presentar ante el Tribunal Supremo (TS) una petición de medidas cautelares para evitar que los documentos de esta entidad entregados a Cataluña en 2005 bajo la Ley de Memoria Histórica "se pierdan en el entramado independentista". El objetivo de la asociación, presidida por el abogado y archivero Policarpo Sánchez, es lograr la devolución al archivo "en el plazo de un año" de los documentos cuyos propietarios legítimos no hayan sido localizados por la Generalitat. Bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el archivo tuvo que entregar a Cataluña más de 400.000 documentos.
La petición de medidas cautelares se basa en cuestiones como "los incumplimientos del ordenamiento jurídico por parte de la Generalitat en connivencia con el Ministerio de Cultura" y la "voluntad expresa" del Govern catalán de "incumplir los pronunciamientos del TS", según ha informado la asociación Salvar el Archivo de Salamanca. La última sentencia sobre este caso establecía que aquellos documentos que la Generalitat no pudiera entregar a sus propietarios legítimos deberían regresar al Archivo General de la Guerra Civil Española, más conocido como Archivo de Salamanca. Sin embargo, según la asociación que preside Policarpo Sánchez, el objetivo del Govern de Quim Torra es "depositar estos documentos en el Archivo Nacional de Cataluña", algo que considera "un claro desafío al poder judicial". "Implica", ha asegurado Sánchez, "la expresa desobediencia al fallo de la sentencia ya dictada por el TS".
Otra comisión
La asociación pide también al TS la creación de una comisión de expertos "de reconocida experiencia y solvencia profesional, independientes y que no ocupen ningún cargo político". Esta comisión tendría como finalidad supervisar la entrega de documentos a la Generalitat, controlar que el Govern busca efectivamente a sus legítimos propietarios y, en caso de no encontrarlos, "velar por su efectiva devolución al Archivo General de la Guerra Civil Española".
Policarpo Sánchez teme que las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez tengan consecuencias sobre los conocidos como papeles de Salamanca. En su opinión, "es más que previsible" que, dentro de estas negociaciones, "no sean prioridades ni la preservación de la integridad del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles ni el cumplimiento de las sentencias judiciales ya emitidas para la restitución a Salamanca de los documentos que no haya sido posible entregar a los legítimos propietarios o a sus sucesores".
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