En España existen múltiples factores que determinan el resultado de una sentencia. El sistema judicial dispone de extensas herramientas para asegurar la prevalencia de la presunción de inocencia y el derecho de defensa y que, juntas, sustentan los pilares del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Sin embargo, a lo largo de los últimos veinte años se han producido cientos de fallos judiciales que una vez revisados en instancias mayores han cambiado el curso de los mismos. Este es el caso de aquellas sentencias condenatorias privativas de libertad revisadas por el Tribunal Supremo y que, en algún caso, han motivado que una persona cumpliera una condena injusta durante más de tres años.
Un estudio realizado por la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con instituciones de Canadá y Países Bajos, desvela las principales razones por los que se producen este tipo de condenas erróneas y qué tipo de investigados suelen ser los más castigados. Entre otros motivos, los expertos destacan que el 15,91% de este tipo de fallos se produjeron tras la aportación de un falso testimonio.
Este factor se refiere tanto a informantes carcelarios como a testigos y víctimas. En el caso de los últimos actores hay que discernir entre aquellos casos en los que el testimonio de víctima viene condicionado por intereses específicos, "como una compensación financiera o dañar a la persona inocente a la que acusan". Luego, se encuentran aquellos escenarios en los que la víctima identifica erróneamente a su agresor bajo la creencia de que ese es el sujeto que le causó algún daño.
Ruedas de reconocimientos e identificaciones erróneas
Según los datos revelados por este estudio, las identificaciones erróneas son el tercer factor más
importante que contribuye a las condenas injustas, superado sólo por la conducta de los profesionales judiciales y la mala aplicación de las ciencias forenses. Representan en torno al 20% de los casos. Sobre este aspecto el psicólogo forense Miguel Perez Urzay, entiende que integrar de manera correcta los procedimientos estandarizados por la ley es "crucial" para que no se produzcan errores fatales como este y que una persona inocente acabe en prisión.
"Por la psicología de testimonio, que estudia la validez y la credibilidad de las declaraciones de los testigos, sabes que muchas veces se pueden producir identificaciones erróneas bien por fallos de memoria, y que crean que efectivamente que esa es la persona que cometió el supuesto crimen, o bien porque se producen confusiones en las ruedas de reconocimientos", explica. En estos casos, Pérez Urzay subraya que el fallo más común es realizar esta prueba con un número de sospechosos inferior al necesario o que "los cebos no sean los adecuados".
En países como Estados Unidos este tipo de supuestos se incrementan debido a características como el sesgo racial. El estudio liderado por la Universidad de Salamanca destaca los casos de agresiones sexuales donde, a menudo, una víctima blanca señala a un perpetrador negro; esto provoca en algunos casos identificaciones erróneas tras añadir la dificultad de asociar con menor precisión rostros de personas de diferentes razas.
La mala aplicación de las ciencias forenses, es decir, aquellas entre las que se encuentran el análisis de huellas dactilares o ADN, condiciona el 27,27% de las condenas privativas de libertad injustas. El experto señala, entre otros aspectos, que la utilización de una metodología errónea a la hora de realizar informes periciales. La elaboración de dichos análisis forenses es crucial para que los profesionales del derecho puedan recopilar pruebas veraces y presentar conclusiones bien formuladas ante un tribunal.
La negligencia de jueces, abogados o investigadores es el principal condicionante en las condenas
No obstante, el dato más revelador de este estudio es que posiciona la mala praxis de los profesionales judiciales -jueces, abogados, policías, investigadores, entre otros- como el principal condicionante en fallos erróneos. La negligencia de estos actores fue el factor que más contribuyó a la ejecución de condenas injustas con la entrada en prisión de los acusados, representando, el 63.64% de los casos.
Entre las causas que señalan los expertos como determinantes en este tipo de casos de negligencia judicial destaca la "visión de túnel". Este efecto ocurre cuando los diferentes actores del sistema "desarrollan una creencia inicial", lo que comunmente se conoce como sospecha y se "aferran" a esta idea. De tal forma, las pesquisas policiales o judiciales van dirigidas a confirmar esa tesis y provoca que los investigadores no recopilen más información o no barajan más hipótesis.
Un dato que, a priori, podría parecer alarmante pero que ,sin embargo, debe enmarcarse en una realidad aplastante; este estudio analiza sólo un total de 88 sentencias, distribuidas desde mayo de 1996 a diciembre de 2022. Más de veinte años de jurisprudencia en los que el número de casos reabiertos mediante recursos de revisión en el Tribunal Supremo no llega a los 100 casos. "Esto puede indicar que, en general, los profesionales del derecho españoles desempeñan bien sus funciones", reza el estudio.
Respecto los delitos más propensos a erros judiciales, el estudio destaca el delito contra la propiedad (como hurtos o estafas) como el más predominante; seguido, eso sí, por acciones ilegales relacionadas con tráfico de drogas o seguridad vial. De los 88 recursos estimatorios en alzada siete absoluciones fueron a hombre relacionados con delitos sexuales y, sólo tres por homicidio.
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