La discriminación lingüística que impone el acuerdo de gobierno alcanzado por el partido de Sánchez e Illa con ERC es paralela a la discriminación fiscal. Según el compromiso adquirido, los alumnos de grados universitarios de CC. de la Salud, Derecho, Comunicación, Educación…, tendrán que adquirir el nivel de catalán C2. Otras medidas serán regular el uso del catalán en prospectos farmacéuticos, hacerlo requisito para cualquier plaza sanitaria, que sea mérito para destinos de jueces y magistrados, implantar un sello de calidad lingüística en las empresas…, y así hasta las 2.514 propuestas incluidas en el Pacte Nacional per la Llengua que recoge lo acordado para presidir el Govern. Todo ello, en coherencia con lo celebrado por los independentistas: “Cataluña tendrá la llave de la nación, que es la lengua”.
Para colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat (y que Sánchez permanezca en la Moncloa) el Partit dels Socialistes Catalans y su nodriza el PSOE hacen suyo, de hecho, el xenófobo Manifiesto Koiné (2016) inspirador de la política lingüística contenida en el Pacte Nacional per la Llengua (PNL) que obliga a ejecutar el documento firmado el pasado día 29 por los partidos gobernantes en Madrid y en Barcelona. El citado PNL es un mandato de la Resolución 102/XIV (2021) del Parlamento de Cataluña, la que desgrana el camino a la independencia mediante la amnistía, la soberanía fiscal, la soberanía lingüística y el derecho a la autodeterminación. También anima a alcanzar la “soberanía alimentaria”, pero este objetivo no ha pasado de las páginas del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
Los seguidores de Marta Rovira y de Junqueras saben de lo que hablan cuando su portavoz, junto a la plana mayor de ERC con Aragonés incluido, anunció orgullosamente lo conseguido de Pedro Sánchez y Salvador Illa: “Tendremos la llave de la caja y tendremos la llave de la nación, que es la lengua catalana. Es un preacuerdo que nos (…) acerca a la independencia de nuestro país”. De la relevancia del objetivo lingüístico en ese pacto, descontada la complicidad del sanchismo para incumplir las sentencias sobre la enseñanza en español, da una idea que en las 25 páginas del documento de preacuerdo solo aparecen dos cifras dinerarias, una de 200 millones/año para desplegar el proyecto nacional lingüístico y otra de 119 millones para plantas de agua reciclada.
Junto a los privilegios económicos, los reconocidos y los ocultos, en materia de soberanía fiscal, la que parece barra libre de una pretendida soberanía lingüística asumida por un PSC con mayoría de votantes castellanohablantes, consiste en medidas gubernamentales como las ya descritas y muchas otras entre las que figuran las del cuadro junto a estas líneas.
La traducción en gasto del citado PNL, algo que no hacen los firmantes del acuerdo en materia de inversiones, traspasos, deuda, etc. es más significativa aún porque el Pacte Nacional per la Llengua se puso en marcha en 2022 recogiendo propuestas y nunca se han presentado sus conclusiones. Cayó en el olvido hasta que en otubre de 2023 Pere Aragonés presentó otro proyecto de cien medidas, El català, llengua de pais, incluyendo buena parte del contenido del PNL. Ambos documentos, el de las 2.514 propuestas del pacto nacional y el de las 100 medidas de Aragonés, marcan el camino que compromete al PSC y al gobierno de Pedro Sánchez para aplicarse al fomento o imposición del monolingüismo en todos los ámbitos, además de la enseñanza: desde la sanidad al deporte, desde la Inteligencia Artificial a la agricultura, desde la ciencia a los medios de comunicación.
Con el acuerdo rubricado y sus objetivos, un gobierno de filiación socialista y espíritu nacionalista tendrá, por ejemplo, que establecer el uso exclusivo del catalán en las comunicaciones entre el personal sanitario y de éste con los pacientes, promoverlo en los centros de MENA o admitir que una zona de Murcia limítrofe con Alicante denominada Carxe de Múrcia, sea considerada “territorio de lengua catalana” igual que Cataluña, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y la Franja de Aragón, según recoge el epígrafe 7.1 del PNL.
Los catecismos independentistas para llevar a término el procés lingüístico están salpicados de consideraciones sobre las ventajas profesionales, culturales, sociales y económicas de `vivir en catalán´ usando la `lengua propia´ del territorio. Se insiste en la conveniencia de transmitir a los inmigrantes y al personal de centros públicos sin ese conocimiento lingüístico que el catalán es un buen instrumento de “ascenso social”, vinculándolo al bienestar y a la perspectiva de vivir mejor. En una de las reuniones para elaborar el Pacte Nacional per la Llengua sus participantes lamentaron el aumento de castellanohablantes de países iberoamericanos en el sector sanitario, sosteniendo el presidente del Consejo de los Colegios de Enfermeros y Enfermeras de Cataluña que “la gestión clínica hemos de hacerla en catalán porque tiene un impacto directo sobre la salud de las personas”.
En la génesis y en el desarrollo del PNL de las 2.514 propuestas y de las 100 medidas de Aragonés, se advierte la considerable dimensión económica del proceso de imposición lingüística del separatismo, y ahora del sanchismo. No hay transparencia para determinar el dinero público que manejan el Govern y resto de la Generalitat en las políticas de inmersión y monolingüismo con exclusión del español. La cifra estará más cerca de los 1.000 millones de euros de lo que estaba hace tres años, según un cálculo que hizo entonces la entidad catalana Impulso Ciudadano sobre la factura de la construcción nacional de Cataluña, donde la mayor partida corresponde a política lingüística.
Ni al PSC ni al PSOE se les escapa la contrapartida económica de abrazar el credo nacionalista gobernando en la plaza de Sant Jaume, como tampoco lo ignoran los agentes sociales y profesionales que participaron en las `braimstorming´ celebradas durante los meses de recogida de propuestas para el Pacte Nacional per la Llengua que ahora se quiere aplicar. Entre los convencidos que acudieron a opinar y proponer en aquellas sesiones destaca el entusiasmo mostrado por UGT de Cataluña que, convencido de la necesidad de extender la implantación del catalán en el mundo sociolaboral, el sindicato se ofrece a las autoridades de la Generalitat, textualmente, como “agente crucial para la articulación de las políticas de impulso del catalán, teniendo en cuenta la importancia que tiene el espacio laboral en la vida y socialización de las personas”.
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