El Congreso de los Diputados ha puesto en marcha la maquinaria para que la presencia de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja sea una realidad a todos los niveles. Según ha podido saber Vozpópuli, actualmente prepara la adjudicación de un contrato para los servicios de traducción, mediante un acuerdo aún no asignado pero que tendrá una duración de 18 meses y que tendrá un valor de seis millones de euros.
Los detalles constan en la documentación adjunta al procedimiento, incorporado bajo la descripción de "servicios de traducción, interpretación y transcripción al castellano de las lenguas que, junto con el castellano, son oficiales en las Comunidades Autónomas, la transcripción en las lenguas cooficiales, y el subtitulado en directo de las sesiones de Pleno, Comisiones y otras actividades".
Se trata de un contrato amplio, hasta el punto de dividirlo en cuatro lotes para cubrir todos los servicios exigidos por la Mesa del Congreso de los Diputados, órgano contratante de la administración pública. El primero de ellos se centra en la traducción al castellano de los documentos presentados en el Congreso de los Diputados cuya redacción original se encuentre en alguna de las lenguas cooficiales.
Traducción de escritos e interpretación
"El servicio [del lote 1] consiste en la traducción del euskera, gallego, valenciano y catalán al castellano de aquellos escritos que se presenten en estos idiomas en el Registro General y en el Registro de Comisiones del Congreso los diferentes Diputados y Grupos Parlamentarios", detalla el pliego de contratación.
La Mesa del Congreso de los Diputados exige que en estas traducciones se empleen "los criterios lingüísticos de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, del Institut d'Estudis Catalans, de la Real Academia Galega, de la Academia Valenciana de la Lengua y de la Academia de la Lengua Balear, así como, en lo que resulte de aplicación, los criterios de la Real Academia Española".
También urge a las empresas interesadas en el contrato a que las traducciones guarden "una homogeneidad, tanto de contenido como de estilo" y no contengan "errores ortográficos, tipográficos, lingüísticos, estilísticos o de puntuación, de formato, de comprensión o de presentación".
El segundo lote se centra en "la interpretación simultánea al castellano, en la modalidad directa y de forma remota" de las lenguas cooficiales, que se transmitirá a los Diputados través de los servicios técnicos del Congreso. Además de una serie de requerimientos técnicos se exige que los intérpretes tengan como mínimo una formación universitaria o que pertenezcan a alguna de las asociaciones oficiales de interpretación de Conferencias en España. También que tengan una experiencia mínima de 100 días trabajados.
Transcripciones y subtitulados en el Congreso
El tercer lote consiste en la transcripción de audio a texto de las intervenciones de los parlamentarios que hacen uso del idioma euskera, gallego, valenciano y catalán: "Los servicios consisten en convertir las grabaciones digitales de audio en archivos electrónicos con el contenido escrito en las lenguas en las que intervinieron los oradores".
Por último, el cuarto lote requiere el "subtitulado en lengua castellana y en directo" de las sesiones de Pleno, Diputación Permanente, Comisiones y ruedas de prensa "para su visionado en las pantallas ubicadas en las distintas salas del Congreso de los Diputados".
Además de exigir un "retardo mínimo" en el subtitulado directo se requieren condiciones de homogeneidad de texto y otras funciones de subtitulado: "Deberá reflejar fielmente el contenido de las intervenciones, sin perjuicio de las adaptaciones que requieran las características lingüísticas y gramaticales de la lengua castellana".
El valor del contrato
El contrato tiene unos fondos de 4.946.671,67 euros (5.985.472,72 si se incluyen impuestos). Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 24 de abril para presentar sus propuestas. Los pliegos del contrato también abordan los periodos habituales del desarrollo del servicio, con la actividad parlamentaria principalmente centrada en los meses de septiembre a diciembre, y de febrero a junio.
"Las empresas adjudicatarias deberán tener en cuenta que la actividad parlamentaria se desarrolla de manera irregular a lo largo del año y durante toda la legislatura, por lo que el volumen de trabajo no será homogéneo durante toda la vigencia del contrato", apunta la Mesa del Congreso de los Diputados.
Además de recoger algunas de los requerimientos para los intérpretes -tales como experiencia o formación específica-, la Mesa del Congreso exige una batería de medidas de seguridad y reserva: "La empresa adjudicataria y todas las personas a su cargo se comprometen a preservar la confidencialidad y habrán de mantener reserva absoluta sobre el contenido de la información que es objeto de los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado".
Y añade: "Igualmente habrán de mantener reserva absoluta sobre cualquier hecho, información o documento en el ámbito de la actividad parlamentaria a los que hayan tenido acceso durante la prestación del servicio, directa o indirectamente".
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