Perdonarle un delito a un banquero en lo peor de la crisis es un incendio político para cualquier gobierno. Cuando el banquero es el primer ejecutivo del primer banco de un país indignado con el sistema financiero, el fuego puede ser incontrolable.
Por ese motivo, tanto PP como PSOE coinciden en solucionar el asunto de la manera menos estridente posible: durante los meses de interregno que van del 20-Noviembre al 16-Diciembre, fecha en que debería estar constituido el nuevo ejecutivo.

Las consecuencias de esa decisión van a calar en distintos ámbitos:

-- PARA EL GOBIERNO Y EL PSOE: El indulto a Sáenz marca la última discrepancia entre Zapatero y Rubalcaba (que ha hecho de la presión a los bancos un eje central de su campaña). El Presidente Zapatero pretende asumir hasta el final el coste que ha tenido su relación con el presidente Emilio Botín.

-- PARA EL BANCO SANTANDER: La decisión tiene consecuencias prácticas. El Tesoro británico ya ha impedido al Consejero Delegado del Santander, Alfredo Sáenz, incorporarse a los consejos de administración del banco en Reino Unido. Sin la condena, el Tesoro debiera permitir a Sáenz su incorporación y, por tanto, un gobierno corporativo más estrecho de las actividades del Santander en Londres.
Además, el Santander cerraría uno de los dos frentes abiertos en su cúpula por lo que su departamento jurídico podría centrarse en la causa que Hacienda tiene abierta a Emilio Botín por su presunto patrimonio oculto en las cuentas suizas de HSBC.

-- PARA EL SISTEMA FINANCIERO: Todas las fuentes consultadas tanto en la entidad como en el gobierno y fiscalía citan la "normalización del sistema financiero" como la principal consecuencia del indulto. Nadie, sin embargo, concreta en qué consistiría esa "normalización".