El Gobierno ha comenzado a preparar el indulto del Consejero Delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado a tres meses de cárcel e inhabilitación por un delito de acusación falsa contra dos empresarios cuando era presidente de Banesto en 1994.

Para ello, espera ya el preceptivo informe del Tribunal Supremo cuya fiscalía acaba de cerrar su criterio y se muestra partidaria de un indulto total. El dictamen de la fiscalía maneja dos argumentos para conceder el perdón a Sáenz: "la ausencia de nuevas denuncias" y el hecho de que ese indulto "no causa perjuicio a terceras personas ni lastima nuevos derechos". En la opinión del ministerio fiscal pesa también la trayectoria del banquero y la "ratificación de la confianza del Banco Santander para que Sáenz continúe en el desempeño de sus funciones como consejero delegado", según fuentes del Alto Tribunal.

El gobierno respalda ese criterio y espera el informe para conmutar la pena a Alfredo Sáenz. El Ejecutivo contempla un Real Decreto de indulto total que incluiría tanto la pena principal de cárcel como las accesorias de inhabilitación para ejercer las funciones de banquero. Según fuentes del gobierno, el indulto podría aprobarse en turno preferente incluso después de las elecciones del 20-N, con el gobierno Zapatero ya en funciones, para evitar que el perdón al banquero interfiera en la campaña electoral.

El Supremo marca el ritmo al gobierno
Entre los magistrados del Tribunal Supremo ha existido en los últimos años un "pacto de caballeros" para que --según fuentes del Tribunal-- "no se añadan nuevos debates a los tiempos electorales". Por ese motivo, se está demorando el poner por escrito el criterio fiscal y el incorporarlo al informe de la sala incluso hasta después del 20-N para que sea aprobado después de las elecciones.
El informe no es vinculante pero el Ejecutivo respetará su recomendación de indulto "de manera casi automática" porque "no habrá discrepancias entre la fiscalía y la sala", añaden fuentes judiciales.
Sáenz no tendría, pues, que cumplir una condena que le impediría seguir al frente de la primera entidad bancaria del país y cuya aplicación está, a día de hoy, suspendida cautelarmente por la Audiencia Provincial de Barcelona.