La comisión de investigación, cuya creación había sido propuesta por Esquerra Unida, tiene como finalidad "aclarar qué ha pasado en la caja de ahorros" y la cuestión de las indemnizaciones de sus directivos, así como los avales a proyectos no viables y las responsabilidades políticas.
El grupo socialista ha pedido a los directivos de la CAM que devuelvan "las indemnizaciones millonarias y los exagerados planes de pensiones" y a los consejeros, las retribuciones "que nunca debieron cobrar", según el portavoz de Economía del grupo socialista, Francisco Toledo.
Ha considerado inadmisible que un grupo de personas "sin escrúpulos" se haya enriquecido y haya "saqueado" la CAM mientras no hay crédito para pagar a proveedores, se cierran empresas y las familias que se enfrentan "al drama del desahucio" no pueden renegociar sus deudas.
El diputado del PP Ricardo Costa ha defendido el papel de supervisión prudencial del IVF ya que las competencias de control y supervisión las tiene "en exclusiva" el Banco de España, al que ha atacado por no avisar a la Comunidad Valenciana de lo que estaba ocurriendo en la caja alicantina a pesar de estar dos años y medio, desde 2008 a 2010, inspeccionándola.
Costa ha tachado de inaceptable que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de quien ha recordado que fue secretario de Estado de Hacienda del Gobierno socialista, dijera que la CAM es "lo peor de lo peor".
Un grupo de diecisiete empleados de la CAM ha seguido el pleno parlamentario desde la tribuna de invitados, a quienes se ha referido Toledo al asegurar que los socialistas estuvieron al lado de los trabajadores en una manifestación que convocaron en favor del empleo mientras que no asistió ningún representante del grupo popular, a lo que Costa ha respondido que no fueron invitados a la misma.
La portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà, se ha preguntado qué control aplicó el IVF sobre la CAM y ha asegurado que habrá que analizar si sido por complicidad o falta de competencia" que el IVF "no ha desarrollado sus tareas" en la supervisión de la caja.
Según Mollà, han salido a la luz consejeros que dicen que la CAM hacía de "parche" de corruptelas, oscurantismos y de proyectos que sabía que eran inviables pero necesitaban una entidad financiera que los avalara.
Costa, que ha dicho que no está de acuerdo con determinadas indemnizaciones ni salarios que se han marcado algunos directivos, ha recordado que el consejero Enrique Verdeguer solicitó comparecer en el Parlamento para hablar de la CAM, así como que los representantes políticos en los consejos de administración son consensuados.
Para EU, una parte de la situación actual de la caja se debe a cuestiones políticas como "inversiones ruinosas" en proyectos como Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Ciudad de la Luz, y la compra de deuda de la Generalitat.
Otra parte, "también animada desde la política", ha dicho el portavoz de EU, Lluís Torró, fue su implicación en el sector inmobiliario: "En total, la CAM ha estado implicada en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados a la construcción", ha detallado antes de señalar que directivos de la CAM están implicados en el caso Brugal.
Los directivos de la entidad, en lugar de asumir responsabilidades por "una gestión desastrosa", según ha explicado, se han dedicado a prestar dinero "en condiciones privilegiadas a consejeros, algo prohibido por ley".
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