La banca española ha visto confirmados esta madrugada sus temores al prosperar el plan de la European Banking Authority (EBA) de incorporar también como activos de riesgo los préstamos concedidos por las distintas entidades a las administraciones públicas. La fama de malos pagadores de comunidades autónomas y ayuntamientos ha terminado pasando factura a España en Bruselas, tal y como adelantó ayer Vozpópuli.
De esta forma, el volumen de crédito concedido por bancos y cajas a las administraciones públicas, incluida la central, va a sufrir un recorte en su valoración. Se trata, en números redondos, de 90.000 millones de euros y el efecto que ello puede tener sobre las necesidades extras de recapitalización, según el temor expresado por fuentes bancarias, ronda los 10.000 millones de euros.
Según fuentes solventes, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no se ha impuesto a la hora de desactivar los dictados de la EBA para depreciar estos créditos, a pesar de las alertas dadas en los últimos días por numerosas entidades españolas. La actuación de la EBA en este terreno viene motivada, entre otras razones, por la desconfianza que hay entre los inversores internacionales hacia las cuentas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos españoles. La deuda conjunta de las administraciones públicas en España supera los 700.000 millones de euros, cifra que se desglosa con 137.000 millones correspondientes a las comunidades y 35.000 a las corporaciones locales.
Además, en España se da el caso de que a mediados de 2008, un año después del inicio de la crisis, se dispara la absorción de crédito por parte de las administraciones públicas, en detrimento del que recibe el sector privado.
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado este jueves que ve con preocupación las decisiones adoptadas en la cumbre de Bruselas. "No puedo comprender las razones por las cuales se le exigen a España más recursos para sus bancos cuando no tienen una alta exposición a la deuda griega, sino que tienen otros problemas. A su juicio, estas decisiones harán que se estrangule todavía más el crédito. En opinión del portavoz adjunto de Economía en el PP, Álvaro Nadal, las decisiones de la cumbre han colocado a España "en la segunda velocidad" para la salida de la crisis.
En el sector financiero español, que ya contemplaba desde la tarde del martes la posibilidad de que se extendiera esta definición de la EBA a la deuda de España, preocupan también las intenciones de Alemania de promover programas de recapitalización individualizados, país a país, una iniciativa que se asemeja mucho a una intervención directa de los afectados.
Las aportaciones públicas al sistema financiero en España no superan el 3% del PIB, mientras que en países rescatados, como es el caso de Irlanda, supera el 40%. Holanda y Alemania se sitúan después en este ránking con el 14% y el 13,2%, respectivamente.
Una de las justificaciones que han guiado la introducción de los préstamos a las administraciones públicas en el cómputo final de la recapitalización es la intervención de Dexia. El deterioro de sus activos desde el verano, estaba vinculado a su matriz Dexia Credit Local (DCL), que incluía Dexia-Sabadell, especializada en la financiación de entidades públicas a nivel europeo, y que le generó un deterioro constante en su posición de liquidez.
Sólo 86 días después de aprobar Europa los test de resistencia el banco franco-belga Dexia tuvo que ser rescatado para evitar el colapso. Dexia tenía sólo un poco más del 1% en el patrimonio tangible detrás de sus activos, concretamente estaba apalancada 53 a 1. Sin embargo logró ofrecer un ratio de capital del 12,1 por ciento, principalmente mediante la exclusión de la mayor parte de sus activos, aquellos asociados a la financiación de entidades públicas a nivel europeo
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