El presidente de esta organización empresarial, José Alberto Echevarría, califica de "asfixiante" la situación en que se encuentran las empresas que dan estos servicios por el impago de las administraciones autonómicas. En este sentido, señala que Castilla-La Mancha, con diez meses de impago, lidera la lista de administraciones que más dinero debe al sector, seguida de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, aunque esta última depende de la zona.
"Esto ocurre en todos los sectores, pero el hecho de que nosotros quebremos, esa atención ¿quién va a realizarla? ¿las familias?", se pregunta Echevarría, en declaraciones a Europa Press, que también advierte de que el cierre de estas empresas provocará la pérdida de "300.000 empleos directos y 100.000 indirectos, así como el abandono a más de un millón de personas dependientes".
Estas deudas son, a juicio del presidente de la FED, "insoportables" porque las empresas que integran esta entidad tampoco pueden, a su vez, pagar a sus proveedores y dentro de poco estarán en juego los salarios de sus trabajadores. "El problema es gravísimo porque afecta no sólo a la asistencia a domicilio, sino a las residencias y centros de día", apunta.
Echevarría ha avisado de que "lo más probable" es que estos paros de cinco o diez minutos, que se inician este jueves, se generalicen y que incluso en un plazo corto de tiempo se conviertan en "definitivos" porque, según ha alertado, "los empleados no irán a trabajar sin cobrar sus nóminas".
También ha explicado que el sector privado de residencias "ha caído en picado" desde la aprobación de la Ley de Dependencia y la aparición del cuidador informal. Si a esto se le suma el retraso del pago de las plazas concertadas (subvencionadas por las administraciones públicas), "las residencias privadas se encuentran al borde de la quiebra", apunta.
"INVIABILIDAD" DE LA LEY DE DEPENDENCIA
Con todo, el presidente de la FED ha señalado que la "inviabilidad" de la norma que regula el sistema de dependencia en España es "cada vez más patente", sobre todo por la "falta de previsión" en la financiación. "No se puede hablar de un derecho subjetivo y universal cuando éste está al albur de los Presupuestos Generales del Estado", añade.
A su juicio, la ley estaba bien planteada en el sentido de que venía a igualar las normativas tan "dispares" que existían entre las comunidades autónomas y se otorgaba a las personas el derecho a recibir o percibir una prestación o servicio en función del grado de dependencia.
"Hay estudios que dicen que el importe acumulado de lo que deberían haber puesto las distintas administraciones está entre los 25 y los 30.000 millones porque los dependientes previstos se han multiplicado al final por cuatro", concluye.
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