Se acabó la vía diplomática. La guerra judicial fotovoltaica está a punto de empezar en la corte internacional de arbitraje de Londres. Los fondos de inversión extranjeros, que invirtieron más de 1.000 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos en España al inicio de la crisis, ultiman ya una demanda conjunta contra el Gobierno, según explican a Vozpópuli fuentes conocedoras del proceso.
Su objetivo es que el arbitraje arranque en los próximos días; si no lo consiguen antes del 20 de noviembre por lo menos antes de que se produzca el cambio de Gobierno.
Los protagonistas son en total 16 fondos de inversión, la mayoría de ellos británicos y alemanes, como Impax Asset Management, Platina Partners, AES Solar, KGAL, NIBC Infraestructure Partners, HG Capital. Y van en serio. Están en manos del despacho británico Allen & Overy y se gastarán más de 7,5 millones de euros (6,6 millones de libras), tal y como explican las mismas fuentes.
La hoja de ruta que manejan tiene tres fases. La primera, en la que se encuentran, de análisis e interposición de la demanda, por la que tendrán que desembolsar unos dos millones de euros; la segunda, de reconocimiento del arbitraje, por 2,5 millones de euros; y la tercera, cuantificación de datos, por otros tres millones de euros.
Cuantiosas pérdidas
Estos poderosos fondos internacional, dueños de al menos un tercio de los megavatios solares instalados, están sufriendo cuantiosas pérdidas de su inversión por una decisión inesperada del Gobierno.
La batalla judicial arrancará así justo un año después de que el titular de Industria, Miguel Sebastián anunciara los polémicos recortes de las primas a esta tecnología con carácter retroactivo (afecta a las instalaciones en funcionamiento), por ser menos madura y más costosa que la eólica. Muchos expertos aplaudieron entonces esta estrategia por ser necesaria dado el contexto de crisis, caída de la demanda y la generación del déficit de tarifa; pero sus detractores señalaban al lobby de las eléctricas como el principal ganadora de la medida.
Estos fondos de inversión, arropados por las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre otras, agotaron la vía diplomática con cartas y comunicados a Moncloa, Industria y Economía. En ellas, se reiteraban que la fuerte inversión que realizaron se hizo “confiando en las garantías del Gobierno español”. Además, alertaban de que cualquier modificación de las normas crearía incertidumbre en las inversiones españolas en general y afectaría a la estabilidad de los bonos soberanos, e incluso, a los bonos y renta variable de las utiliities.
En España, Constitucional, Supremo…
Esta demanda se sumará a las ya interpuestas en España y en Bruselas. En el Tribunal Constitucional se amontonan tres recursos sobre la misma cuestión, presentados por la Junta de Extremadura, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. La industria española también cuenta con su proceso ante el Tribunal Supremo, y por su parte, los propios productores han interpuesto sus demandas ante el Consejo de Ministros y a la Audiencia Nacional.
En el plano internacional, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) pidió recientemente a la Comisión Europea que abriera un procedimiento de infracción a España; y otra patronal, la
Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anper) también acudió a la Comisión, y ésta requirió al Parlamento Europeo que iniciara una investigación preliminar sobre el recorte de horas con derecho a prima.
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