La presión para que José Luis Olivas dimita como vicepresidente de Bankia aumenta, después de que el consejo haya sido informado de un intento de manipulación de las actas de la entidad valenciana.
Según han revelado algunos consejeros de la entidad valenciana, la dimisión de Olivas como Presidente del Banco de Valencia se produjo de manera tan precipitada que no dio tiempo a informar a su matriz, Bancaja, que debía emitir una autorización y, a su vez, informar de la situación a Bankia. Para subsanar el proceso, Antonio Tirado (vicepresidente tanto de Bancaja como del Banco de Valencia) propuso “alterar las actas de la reunión” para que constara como hora de comienzo las 16:00h, es decir, antes de que Olivas presentara su dimisión..
Cuatro consejeros pidieron el turno de palabra para protestar por lo que --según han relatado a Vozpópuli-- entendían que era "una maniobra que podía tener consecuencias legales": el primero en expresar su oposición fue el consejero de CC.OO., seguido por un representante de los impositores, otro del PSPV y un representante de las entidades de Castellón.
Ante la oposición, Antonio Tirado optó por respetar la hora real de celebración del encuentro y por autorizar la dimisión de Olivas después de que ya se hubiera producido.
Crece la desconfianza en Bankia
El intento de manipular las actas ha sido entendido como un gesto más de ocultación a la cúpula de Bankia de la situación de las entidades valencianas. De igual modo se entienden las fechas del informe de incompatibilidad que Olivas utilizó para justificar su dimisión. "Ese informe tiene fecha de hace un año y Olivas se sentó sobre él", afirman un consejero, pero sólo se ha utilizado después de que se hiciera pública la inspección del Banco de España.
A esa lista de agravios contra Olivas se suma la operación de compra de bonos patrióticos del gobierno Camps, con la que el vicepresidente de Bankia embarcó a la entidad en un movimiento de 400 millones de euros.
Como consecuencia, Bankia aguarda el resultado de una nueva auditoría de las cuentas de las entidades valencianas encargada a Pricewaterhousecoopers. Esas conclusiones pueden ser clave para resolver el estancamiento en que se encuentra ahora la salida de Olivas de la entidad, después de que se haya negado a dimitir, tal como adelantó ayer Vozpópuli. En juego está no sólo la honorabilidad del vicepresidente valenciano sino también la compensación de más de tres millones de euros a la que tendría derecho si es destituido.
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