La ruta del muro de separación en la zona fue modificada para que el terreno en cuestión, de unos 1.500 dunams (150 hectáreas), quedara en el lado israelí. El Gobierno hebreo había construido anteriormente carreteras y concedido terrenos palestinos a asentamientos judíos en Cisjordania, pero esta es la primera vez que parte del territorio palestino es transferido a una comunidad en territorio soberano israelí.
El portavoz de la Coordinadora de Actividades del Gobierno en los Territorios, Guy Inbar, ha confirmado que la propiedad se encuentra en Cisjordania y ha argumentado que "el kibbutz Merav ha estado trabajando esa tierra desde hace décadas".
El asunto del estatus legal de este terreno y su transferencia a Merav está rodeado de misterio, y los comunicados oficiales han sido contradictorios. Todos los esfuerzos dedicados a localizar los documentos que explican la situación han sido infructuosos, según ha señalado Inbar.
El kibbutz pertenece al Consejo Regional Emek Mayanot, cuya jurisdicción está totalmente dentro de la Línea Verde. A través de un comunicado, miembros del consejo han señalado que la tierra está más allá de su jurisdicción y que la Administración Israelí de Tierras (ILA) controla la concesión de terrenos a las comunidades miembro del consejo.
Por su parte, el portavoz de la división de asentamientos judíos de la Organización Sionista Mundial, Ofer Amar, ha señalado que el terreno está clasificado como tierra de cultivo dentro del Consejo Regional Emek Mayanot. Además, ha dicho que su división no tiene autoridad sobre la parcela.
En este sentido, el secretario general del kibbutz Merav, David Yisrael, ha confirmado que el kibbutz ha estado trabajando la tierra durante años, sembrando cereales y cítricos. Yistael ha especificado que tiene formado un contrato de arrendamiento con la ILA para trabajar en él, pero se ha negado a mostrarlo, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
Un oficial de la Administración Civil a apuntado que Yisrael también se ha negado a mostrar el documento al ente, mientras que la portavoz de la ILA, Ortal Tzabar, ha manifestado que la organización no tiene conocimiento del asunto y que no se encarga de tierra que se encuentra fuera del territorio soberano de Israel.
CRÍTICAS A LA ANEXIÓN
"Hay una línea directa desde el saqueo de estos 1.500 dunams de tierra hasta Amona, Migron y Givat Asaf, puestos que se construyeron años después", ha dicho el director del proyecto de vigilancia de asentamientos de la ONG israelí Paz Ahora, Dror Etkes.
"Si la apropiación de tierras de los agricultores palestinos en el valle del Jordán hubiera ocurrido ahora, en lugar de en los años setenta, los grupos de derechos civiles israelíes lo habrían evitado", ha matizado Etkes.
"Este es un ejemplo de por qué es tan importante para el parlamentario Ofir Akunis y sus colegas de la derecha conseguir el silencio de organizaciones izquierdistas y convertir al Tribunal Supremo y a los medios de comunicación en marionetas del Gobierno", ha recalcado.
Por su parte, Ashraf Madrasa, de la localidad palestina de Bardallah, ha mostrado al diario israelí 'Haaretz' un contrato de propiedad datado en 1961 sobre 36 dunam (3,6 hectáreas) del terreno recientemente anexado. Madrasa ha señalado que el Ejército israelí expropió la tierra, lo declaró zona militar, expulsó a los propietarios y les ordenó no volver jamás.
A varios de los propietarios palestinos se les entregaron otros terrenos que pertenecían a palestinos "ausentes" --huidos durante la guerra de 1967--. Uno de ellos, Sami Rajab, ha señalado que a cambio de varios campos en la zona de la que fue expulsado, su padre recibió un tramo que perteneció a su tío, que emigró a Canadá.
"Recientemente, su sobrino vino de visita y reclamó sus tierras. Le dijimos que tenía que pedirlas al Gobierno de Israel para que se las devolviera", ha dicho Rajab. Según el Derecho Internacional, Israel es el custodio de la propiedad de personas ausentes en Cisjordania y tiene terminante prohibido entregarla a los colonos, por no mencionar a las comunidades israelíes.
Un controlador estatal escribió un informe en 2004 en el que señaló que miles de dunams de tierra privada palestina habían sido entregados a comunidades israelíes en el valle del Jordán entre los años sesenta y setenta. La ILA continuó con la entrega de estas ubicaciones, definidas en los documentos anteriores como aparentemente ilegales.
