La determinación del PP por cumplir con el objetivo de déficit se va a traducir en un primer gran anuncio de Mariano Rajoy: se impondrá por ley un techo de gasto a autonomías y ayuntamientos con el objetivo de que cumplan con la reducción del déficit pactada con la Unión Europea en el Consejo de 2 de diciembre de 2009.
La decisión se ha pactado ya con algunos barones populares, según han confirmado ellos mismos a Vozpópuli, y pretende incluirse en el desarrollo de la reforma constitucional. La medida cuenta con el respaldo de responsables políticos del peso de Javier Arenas que apuestan por poner límites legales al déficit de “todas las administraciones públicas, es decir, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y comunidades autónomas”, tal como aseguró ayer en la Cadena COPE.
Mecanismos sancionadores
La clave de la nueva ley serán los mecanismos sancionadores para quienes sobrepasen el techo de gasto pactado con Bruselas. Según responsables regionales del PP, no se busca tanto una sanción a posteriori como el evitar el incumplimiento de antemano. El artículo 126.7 del Tratado aprobado en 2009 obliga a corregir el déficit excesivo a más tardar en 2013. Por eso, las sanciones a posteriori a quienes incumplan en 2012 significarían llegar a 2013 con las cuentas en situación de desequilibrio.
Para evitar esa situación se baraja aplicar una solución preventiva: “congelar” la cesión de fondos trimestralmente a las autonomías que hayan excedido sus gastos e incumplan los criterios marcados por la ley. La articulación de la idea todavía está todavía en marcha, pero pretendería evitar el incumplimiento de antemano. Algunas autonomías ahora gobernadas por el PP como la de Navarra han dado también su visto bueno a ese mecanismo.
Sanciones a largo plazo
El nuevo equipo económico considera que el ajuste presupuestario deberá extenderse más allá de 2013. Consideran que el plan de estabilidad remitido a Bruselas que recoge un “ajuste fiscal más allá de 2013, hasta alcanzar el equilibrio presupuestario” hará imprescindible las sanciones a los incumplidores, unas sanciones que retiró en su día el gobierno Zapatero. Ese equilibrio del que hizo bandera el gobierno Aznar podría quedar garantizado por eventuales sanciones a largo plazo, aunque recuperar esas penalizaciones es algo que todavía no se ha cerrado.
Los populares son también partidarios –como han dicho públicamente—de exigir responsabilidades jurídicas a sus antecesores si incurren en mala gestión. Sin embargo, la definición de qué es una mala gestión hacen difícil concretar esa intención.
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