Entre las muchas decisiones que el Mariano Rajoy tendrá que tomar en cuanto sea investido presidente del Gobierno está la de la ubicación del llamado Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC), que provocó en su momento una agria polémica hasta el punto de que el Ministerio de Industria, con Miguel Sebastián al frente, decidió retrasar la decisión, que debería haberse abordado en 2010, para no ahondar en la crisis socialista. Bien es cierto que esta cuestión también levantó ampollas entre los populares.
Pero la futura ubicación de la ATC no podrá esperar mucho más aunque sólo sea por el hecho de que, a partir del 1 de enero de 2012, el almacenamiento en Francia de los residuos de centrales como Garoña y Vandellós costará al erario público 60.000 euros diarios, según una claúsula de penalización que se firmó con las autoridades galas. Tan controvertida cuestión forma parte del informe que Industria hará llegar a los populares para el traspaso de poder. Una patata caliente, otra, sobre la mesa del próximo presidente del Gobierno.
Las piscinas de residuos de las centrales españolas están al 85 por ciento de su capacidad. La opción francesa es muy cara. Por ello se planteó la construcción de un almacén llamado temporal –porque se entiende que los residuos podrían a llegar a ser reutilizables—para el que la empresa Enresa tiene aprovisionados 3.000 millones de euros. El coste estimado de la construcción del silo, en el que se emplearían dos años de trabajo, es de 1.000 millones, a lo que hay que sumar un comprometido parque tecnológico e industrial, el mantenimiento de las instalaciones y las ayudas económicas que reciben los municipios de la zona, además de la generación de empleo.
Habida cuenta además de que la voluntad declarada del PP es alargar la vida útil de las centrales en caso de informes favorables de la Comisión de Seguridad Nuclear, urge abordar el asunto cuánto antes y así se lo hará saber Industria al PP, según fuentes del Ministerio. En su programa electoral, los populares eran, en cambio, menos explícitos. Se limitaban a afirmar de forma muy general que “aprovecharemos al máximo las potencialidades de todas las fuentes de energía a través de un mix equilibrado que atienda a los desafíos existentes en materia de seguridad de abastecimiento, competitividad económica y sostenibilidad ambiental”.
"Criterios estrictos de seguridad"
Ya algo más concreto, uno de los puntos del programa señala que se gestionarán los emplazamientos nucleares “conforme al cumplimiento de las estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad nuclear y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación, redunda en un menor coste de energía para los consumidores”.
Entre los ayuntamientos que se ofrecieron para acoger el cementerio de residuos que cuentan con más posibilidades destacan los vallisoletanos Melgar de Arriba y Santervás de Cañas, Yebra, en Guadalajara y, sobre todo, Zarra, en Valencia, que contó con los informes técnicos más favorables. De hecho, el Ejecutivo estuvo a punto de aprobar a mediados de octubre de 2010 la ubicación en Zarra, pero la proximidad de las elecciones locales y autonómicas acabaron por frenar la decisión. Con anterioridad se había negado en redondo la ya ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cabeza de lista por Valencia, lo que le costó distintos enfrentamientos con el ministro de Industria, Miguel Sebastián.
La cuestión fue polémica desde el principio. Ninguno de los presidentes autonómicos querían el almacén su territorio a pesar de la petición de los ayuntamientos. Incluso la ahora presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, entonces líder de la oposición, se negó a que la provincia de Guadalajara acogiera el almacén de residuos bajo el argumento de que esta Comunidad “ya ha sido muy solidaria en materia nuclear”. Incluso se amenazó al alcalde de Yebra, del PP, con un expediente disciplinario. No lo faltaba razón. Guadalajara coge las centrales de Zorita y Trillo.
