Rajoy recibirá este miércoles por separado en la sede del PP en la calle Génova al secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, al presidente de la CEOE, Juan Rosell, y al secretario general de UGT, Cándido Méndez. Según avanzó el lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Rajoy les pedirá que "se pongan de acuerdo" para acometer una reforma laboral "sobre las bases que ha planteado el PP" y en un "plazo de urgencia". También avisó de que "en cualquier caso, el Gobierno gobernará".
Durante las semanas previas a las elecciones generales, Rajoy aseguró que una de sus prioridades si se convertía en el próximo presidente del Gobierno sería acometer una reforma laboral con el objetivo de empezar a crear empleo y éste ha sido uno de los compromisos que ha trasladado en las conversaciones telefónicas que ha mantenido con dirigentes europeos desde que ganó las elecciones.
En el programa electoral que el PP presentó unos días antes de que comenzara la campaña, los 'populares' ya se comprometían a poner en marcha una "reforma integral del mercado de trabajo" que supusiera un "cambio coherente y coordinado de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación".
Además, avanzaba que se simplificaría la tipología de contratos laborales y se reformaría la estructura y contenidos de la negociación colectiva, de manera que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial "óptimo".
También incluía la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador --siguiendo el modelo austriaco-- que contemple la cobertura frente al desempleo y que favorezca la movilidad y la formación continua.
SUS 71 ENMIENDAS
Al margen de estas medidas, Rajoy ha asegurado que la base de la reforma laboral que propondrán se encuentra en las 71 enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al proyecto de ley de reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que fueron rechazadas por el PSOE.
En estas enmiendas, el PP proponía un procedimiento general de descuelgue de convenios colectivos mediante acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, previendo la posibilidad de que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o el órgano tripartito de carácter autonómico correspondiente lo autorice determinando las nuevas condiciones de trabajo aplicables a la empresa.
También planteaba que los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas de carácter estatal y de comunidad autónoma puedan ordenar y articular la negociación colectiva y contemplaba la "revisión" del convenio colectivo para que, sin necesidad de denuncia y por acuerdo de las partes con legitimación personal "puedan revisarse los convenios colectivos en vigor, de forma natural y en un contexto de paz social".
Y todo esto en aras del "fortalecimiento" de la flexibilidad interna en la empresa, para lo que también propugnaba la modificación de los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores, "haciendo del grupo profesional el eje de la clasificación profesional y el límite de la movilidad funcional en el seno de la empresa".
Asimismo, hablaba de extender el contrato de fomento del empleo, suavizando las condiciones de acceso para "incentivar a los empresarios a la contratación estable", de forma que no sea necesario que el trabajador tenga que pasar tres meses en situación de desempleo antes de acceder a esta modalidad contractual, que incluye una indemnización de 33 días por año trabajado.
También pedía reformar el procedimiento de suspensión del contrato y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción "distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas" para permitir que las empresas y los trabajadores puedan mantener los contratos de trabajo y adaptarse a las nuevas necesidades "de modo que el despido sea la última opción".
MODIFICACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA
En el paquete de enmiendas se incluía igualmente una propuesta para que no puedan adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se negoció su revisión.
La enmienda --a la que el PP no ha hecho referencia posteriormente-- afectaba al Estatuto de los Trabajadores y se enmarcaba en sus iniciativas para "fortalecer" la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios.
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