Mariano Rajoy ya tiene encima de su mesa un amplio abanico de medidas para incorporarlas a este primer plan de medidas urgentes. Según fuentes del PP, las que más apremian son las que pueden contribuir a frenar la destrucción de empleo y aligerar las cargas fiscales que soportan las empresas. Entre los proyectos que ya están cocinados figuran el apoyo fiscal de 3.000 euros a la contratación del primer trabajador, la bonificación de las cotizaciones sociales a los autónomos que creen puestos de trabajo, el diferimiento del pago del IVA hasta el cobro de las facturas, la compensación de las deudas tributarias de las pymes con las cantidades que tengan pendientes de cobro con la administración y la rebaja del tipo del Impuesto sobre Sociedades hasta el 20% para las sociedades de reducida dimensión. Según las mismas fuentes, en este primer plan de choque podría incluirse también una reforma de la tributación por módulos y la apertura de una línea desde el Instituto de Crédito Oficial para financiar las deudas contraídas por los ayuntamientos con empresas y autónomos.
El gasto fiscal que derivará de muchas de estas medidas será contrarrestado por el ajuste cercano a los 30.000 millones de euros que el nuevo Gobierno aprobará en vísperas de Nochebuena. En este real decreto de prórroga presupuestaria se incluirá la revalorización de las pensiones, así como la previsible congelación del sueldo de los funcionarios para el año que viene, a pesar del recorte del 5% que han sufrido en este ejercicio. Esta norma será básica y de aplicación en todas las administraciones. El real decreto incorporará, por último, una previsión de ingresos para el año que viene, referencia obligada para las comunidades autónomas en sus presupuestos de 2012.
Entre este Consejo de Ministros y el del 9 de enero hay uno intermedio, el del 30 de diciembre, que será aprovechado por el nuevo equipo de Mariano Rajoy para completar los segundos y terceros escalones en los principales ministerios. El nombramiento de secretarios de Estado y de subsecretarios es clave no solo para rematar el organigrama del futuro Gobierno, sino también para aprobar con todos los requisitos legales exigibles la batería de reales decretos y proyectos de ley que ya tiene en cartera el equipo del PP.
El tiempo apremia y en Génova, 13, no se oculta que los plazos son muy estrechos para poner en marcha las medidas más urgentes, sobre todo teniendo en cuenta que se trabajará en paralelo con la elaboración definitiva del Presupuesto estatal de 2012 que, como muy tarde, se desea tener aprobado en marzo. Este horizonte ya está siendo tomado como referencia en el traspaso de poderes, para el que Ramón Jáuregui y Soraya Sáenz de Santamaría han pactado un método bastante operativo. Moncloa ha pedido a cada ministerio un resumen con los proyectos que cada uno tiene en tramitación, la mayoría relacionados con la transposición de directivas comunitarias y compromisos que son ineludibles. El PP, por su parte, ha entregado al titular de Presidencia un amplio cuestionario área por área para completar una foto fija lo más precisa posible y poder así ponderar la herencia recibida.
En la agenda de Mariano Rajoy figura también como una prioridad la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria introducida en agosto en la Constitución y la reforma laboral que sindicatos y empresarios tendrán que tener masticada antes de Reyes si quieren que sus propuestas sean tenidas en cuenta.
El aterrizaje del PP en el Gobierno no será igual en todos los ministerios. Hay uno, el de Fomento, donde el equipo de Rajoy teme encontrarse con una madeja burocrática tan compleja que le impida conocer desde el primer momento los compromisos reales de gasto. Es el departamento, además donde más ha ejercido el PSOE sus herramientas de control, pues todos sus altos cargos, todavía en funciones, tienen carné del partido
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