En una rueda de prensa en Londres, el paladín de la libertad de información, Julian Assange, ha denunciado que la industria de la inteligencia ha pasado de ser “encubierta, secreta y pequeña” a alcanzar el valor de 5.000 millones de dólares. Las empresas vienen de 25 países desarrollados, que no tienen ningún escrúpulo a la hora de vender software de espionaje a dictadores.
“¿Quién tiene un iPhone, un Blackberry o usa Gmail?”, preguntó Assange, comentando a los que contestaron, “Pues, estáis jodidos”, ya que Gmail, el correo de Google, es permeable a la vigilancia de todos los programas de espionaje disponibles en el mercado.
Escuchas telefónicas, localización vía GPS, espionaje de correos electrónicos y SMS, envío de falsos mensajes e intercepción de fotos son tantos métodos de vigilancia sencillos para esas sociedades. “Los teléfonos que usamos están intrínsecamente concebidos para recibir las tecnologías de localización y de vigilancia” subraya Jacob Applebaum, experto en seguridad de la Universidad de Washington.
Armas de vigilancia masiva
Wikileaks apunta a Amesys, una pymes basada en Francia que vendió sistemas de vigilancia -prohibidos en ciertos países europeos- al régimen de Gadafi. Le permitió vigilar los correos, las búsquedas en Google y los ‘chats’ de sus oponentes en Libia y en el extranjero. Incluso miembros del CNT, según Wikileaks, fueron víctimas de esa aguda vigilancia.
Hablando de la primavera árabe, de represión en Irán o China, Assange imputa directamente a los países desarrollados por contribuir a mantener dictaduras en el mundo. Dio varios ejemplos, como el de Trovicor, una filial de Nokia que ayudó al gobierno de Bahréin a seguir la pista del defensor de los derechos humanos Abdulghani Al-Khanjar, o también el de la empresa alemana Elaman, que publicita en su propaganda poder “identificar a oponentes políticos”.
Pero de hecho, Wikileaks no hace mucho más que publicar folletos informativos de las 160 empresas de vigilancia electrónica, sin haber podido encontrar más datos comprometedores o actos ilegales. En España, sólo hay una empresa similar, Agnitio, cuya especialidad es la biometría de voz. Su director general, Emilio Martínez, ya dijo al diario 20 Minutos que no se ha enterado de ningún caso en el que su tecnología de identificación de voz se haya utilizado de forma ilegal.
Es el punto débil de Wikileaks, publicar datos que, esta vez, no son secretos ni ilegales. Se trata de una industria alegal, cuyas actividades no están reguladas por legislación internacional. Por eso Assange da la voz de alarma: que una industria tan importante no sea vigilada es motivo para preocuparse. “Todos los días se mata a gente por culpa de esas informaciones secretas” acusa Applebaum, hablando de un comercio “digno de Big Brother”.
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