Entre asesores y asistentes de los diputados, el Grupo Socialista ha venido trabajando en la novena legislatura con cerca de un centenar de personas. A los primeros los paga el Congreso de sus presupuestos y a los segundos el propio partido. De ellos, cerca de una docena tienen pedida la excedencia porque han estado repartidos en los últimos años por distintos ministerios. Es el caso, por ejemplo, del hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José de Francisco, así como de varios jefes de Gabinete que en los próximos días se reincorporarán a sus antiguos destinos en el Congreso.
El comité de empresa que defiende sus intereses ya ha mantenido una primera reunión para advertirles que no habrá reducciones destacadas de plantilla hasta que pase el 38º congreso federal del PSOE y se elija una nueva dirección para el Grupo Parlamentario para sustituir, entre otros, a José Antonio Alonso. El expediente de regulación de empleo estará, pues, hasta entonces en stand by y afectará a un grupo todavía indeterminado de trabajadores que han cobrado hasta ahora del presupuesto algo superior al millón de euros asignado a su partido en la Cámara Baja. De estos recursos, se perderán alrededor de 600.000 euros, según los primeros cálculos realizados a partir del análisis de los resulados electorales.
El ERE es una de las facturas que va a tener que pagar el PSOE por su descalabro electoral, ya que el pasado 20 de noviembre perdió en total 99 parlamentarios entre el Congreso y el Senado. Los nervios están a flor de piel porque las recolocaciones se antojan imposibles: ya no hay comunidades ni ayuntamientos controlados por los socialistas que puedan absorber mano de obra, por muy cualificada que sea.
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