Dentro de un escenario que se parece mucho al de una economía de guerra, las opciones para meter la tijera no son muchas ya que las pensiones consumirán el año que viene 113.000 millones, cifra que incluye la revalorización aprobada del 1%, y los gastos por desempleo, que el Gobierno no ha tocado, 30.000. La Administración central destina a gastos de personal 23.000 millones y no se descarta que la congelación salarial decidida ahora tenga que ser complementada con un nuevo recorte a partir de marzo.

Si se lee entre líneas el discurso que Mariano Rajoy pronunció en su investidura, se concluye que el presidente no llegó a descartar nuevos ajustes presupuestarios incluso después de que los Presupuestos de 2012 lleguen al Congreso. Se trata de un colchón de seguridad frente a la evolución de una crisis económica heredada que empieza a dar sorpresas desde el minuto cero. Aunque el Gobierno anunció este viernes que este año terminará con un déficit del 8%, en realidad el equipo económico baraja una cifra algo superior, del 8,2%. El dato definitivo se conocerá en febrero cuando las comunidades autónomas cierren el ejercicio, pero en todo caso supondrá un déficit añadido de 22.000 millones de euros que constreñirá hasta extremos ahora desconocidos las cuentas públicas. Falta por conocer, además, como acabará la Seguridad Social, aunque ya se da por descontado que no aportará las dos décimas positivas que se preveían. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha asegurado que las pensiones se podrán abonar sin hacer uso del Fondo de Reserva durante, al menos, el próximo trimestre.

En realidad, este déficit oculto puede disparar las sospechas sobre la credibilidad de España en la escena europea e internacional, pero el equipo económico opina, bien al contrario, que haber presentado la realidad de forma tan desnuda al mismo tiempo que las medidas para corregirla, ayudará sin duda a rebajar la prima de riesgo y con ella los intereses de la deuda. Este capítulo ha absorbido este año 27.000 millones de euros y en todo caso queda por analizar qué tipo de interés se pagará por la deuda que habrá que refinanciar durante el primer trimestre.

Otro posible colchón para reducir el déficit vendrá, según las fuentes consultadas, de una nueva rebaja radical del gasto corriente en todos los ministerios y, sin duda, de un nuevo frenazo en la inversión pública, el capítulo más sensible puesto que es el que más puede afectar al parón de la actividad económica. La licitación de obra pública sumó en este ejercicio alrededor de 15.000 millones de euros.

Frenazo en seco en Defensa

El Ministerio que pilota Pedro Morenés, va a ver frenadas en seco las nuevas compras de armamento y va a tener también que reducir las misiones en el exterior. El capítulo de subvenciones ha quedado laminado en todos los ministerios.

En el Gobierno no se descarta que en marzo se abra en Bruselas un debate sobre la necesidad de relajar los horizontes de estabilidad presupuestaria, pues habrá numerosos países metidos en ajustes muy severos sumidos también en una profunda recesión. España no abanderará este debate, pero tampoco lo rehuirá cuando se genere, según las mismas fuentes.

Para afrontar esta penuria, el Gobierno aprobó este viernes un ajuste en el gasto que afecta a todos los ministerios, con el que pretende ahorrar 8.900 millones. La mayoría de los ministros conocieron el ajuste en la misma mesa del Consejo. El tijeretazo se complementa con una subida de impuestos que busca recaudar 6.200 millones extra, la mayor parte de los cuales procederán del IRPF. En total, el ahorro suma 15.100 millones. Como el ajuste obligado, si el déficit terminara en el 8,2, sumaría 38.500 millones, la diferencia restante asciende a 23.400 millones de euros, tijeretazo que queda pendiente para finales de marzo cuando se presenten los Presupuestos.

La subida del IBI es consecuencia de las peticiones realizadas a Hacienda por los ayuntamientos que tienen serios problemas de liquidez y podrán ingresar 918 millones. La subida temporal, durante dos años, de las rentas de trabajo aportará 4.111 millones y las de capital 1.246. La subida del IVA se ha descartado porque, a juicio de Cristóbal Montoro, castigaría todavía más el consumo y hundiría la actividad económica. No obstante, hay margen para cambiar de opinión en el futuro porque el tipo general del 18% aplicado en España está por debajo de la media europea. Otro tanto ocurre, según las mismas fuentes, con el Impuesto sobre Hidrocarburos, pendiente de armonización con la UE, que podría reportar varios miles de millones extra muy agradecidos para las arcas públicas.

Entre enero y noviembre de este año, el Estado ingresó 165.000 millones, de los cuales 65.000 procedieron del IRPF y 48.000 del IVA. Sociedades aportó 14.600 y el resto provino de los impuestos especiales, que esta vez no se han tocado. El desplome de la recaudación, contenido en parte por la última subida del IVA y la eliminación de varias deducciones en el IRPF, es un dato que preocupa sobremanera al nuevo equipo económico y que explica el aumento impositivo. “Medidas extraordinarias para una situación extraordinaria”, comentó Soraya Sáenz de Santamaría.