La Ley de Cine aprobada  por la administración de José Luis Rodríguez Zapatero tenía previsto un fondo de protección económico al cine que debía llegar a los 100 millones de euros en 2012. Eso ni ocurrió ni va a ocurrir, mucho menos después de los recortes que en este sector tiene previsto el gobierno encabezado por el Partido Popular.

Según la actual Dirección Nacional de Cine, la dotación total que recibió el sector para el año 2011 fue de 73 millones de euros, una cantidad inferior a la de 2010, cuando alcanzó los 73,7 millones.  En lo que  respecta a las perspectivas para el año 2012, otras fuentes vinculadas al sector confirmaron a Vozpópuli la próxima reducción de este monto en 10 millones de euros.

De esa cantidad total, 73 millones de euros, 41.300  se destinan directamente a la amortización de largometrajes o producciones, el resto queda reservado para promoción, festivales y actividades asociadas al sector.

En lo que financiación de largometrajes  estrictamente se refiere,  las ayudas al cine se dividen en dos tipos: las anticipadas y aquellas que se entregan en función de cuánta taquilla haya hecho determinado filme.

En ese sentido, de llevarse a cabo el recorte de 10 millones de euros previsto por el actual gobierno, las películas que ya han sido rodadas quedarían sin cobrar una dotación a la que han optado, además, por supuesto de bloquear  la vía para mayor financiación.

Antes de concretarse el recorte  –para algunos inminente-,  distintos actores del sector cinematográfico español se muestran dispuestos a replantearse un plan de trabajo que beneficie a ambas partes: tanto a la administración Pública que busca optimizar gastos como a los creadores que dependen de una base económica para continuar su trabajo.

Se trata de proponerse un plan de trabajo que pase por un rediseño del modelo del canon por un mecanismo de compensación más ajustado y un instrumento  efectivo de control de la piratería. En ese sentido, ambas condiciones, anunciadas en el Consejo de Ministros pasado, podría abrir un camino de diálogo entre gobierno y cineastas.