El polémico empresario leonés Victorino Alonso, muy próximo a José Luis Rodríguez Zapatero, se ha llevado casi la mitad de las ayudas de 2011 que concede el Gobierno dentro del plan para impulsar el cierre de las minas de carbón no competitivas para diciembre de 2018 (en paralelo al otro plan de promoción del carbón nacional, que obligó a recortar las primas a la energía solar), según los datos que publicó ayer Industria en el BOE.
Los dos grandes pilares de Victorino Alonso, Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, se embolsarán 54,3 millones y 80, 4 millones respectivamente. En total Alonso ha conseguido 134,77 millones de este bloque de ayudas, un 44,5% del total destinado a dicho plan.
El resto, hasta 301 millones de euros, se han repartido entre otras 13 empresas mineras, entre ellas Endesa (3,1 millones) y la pública Hulleras del Norte (72,45 millones). El Gobierno está así subvencionando la producción de 8,5 millones de toneladas de carbón correspondiente al ejercicio 2011: 7,57 millones de toneladas corresponden a empresas privadas y casi 800.000 de la compañía pública.
Presidente del lobby minero
Victorino Alonso, de 59 años y presidente del lobby minero Carbunion, es conocido en el sector por ser un empresario polémico. En plena crisis del sector de 2010 presionó a la administración con abrir Expedientes de Regulación de Empleo en sus empresas y no pagar las nóminas de sus empleados si no conseguía el volumen de ayudas.
En los años noventa del PP es conocida las sospechas que tenía el entonces secretario de Estado de Industria, Nemesio Fernández-Cuesta, sobre las posibles irregularidades en las cuentas de sus empresas, a quien acusó ante el Congreso de los Diputados.
Pendientes del último pago
La administración adelantó tres cuartas partes de la mencionada ayuda de 301 millones de euros el pasado mes de marzo, ante las presiones del sector, pero el último pago correspondientes a octubre, noviembre y diciembre está “condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente”, tal y como apunta el hombre de Industria Fabrizio Hernández en la disposición publicada ayer en el BOE.
No obstante, para efectuar el pago del último trimestre, la administración debe con carácter previo verificar que los mineros están cumpliendo con los planes y requisitos establecidos para ir cerrando progresivamente las plantas.
