Sin disponibilidad presupuestaria, pocos planes se pueden hacer. Cuando en los próximos días los responsables de cada Ministerio acudan a su respectiva comisión parlamentaria a explicar los objetivos de la legislatura, no es probable que muchos de ellos confiesen las dificultades por las que están pasando, derivadas de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año. Hasta finales de marzo no se conocerán esas Cuentas y las partidas destinadas a cada Ministerio, todo ello bajo la sombra, además, de una política de ajustes destinada a cumplir los criterios de techo de déficit.
Son los departamentos sociales quizá los más incómodos con la situación, sabedores de enorme polémica que puede derivar de cualquier decisión que afecte a la sanidad, a la dependencia, inmigración, a la violencia de género o educación. “Hasta que no haya Presupuestos Generales del Estado no puede hacer gran cosa. Todo está a la espera de marzo”, confiesa un alto cargo ministerial, que admite que “hay nerviosismo en todos los Departamentos”.
De momento, se conforman con pulsar la opinión de los distintos colectivos del tejido social, desbloquear asuntos que habían quedado en un cajón en la legislatura anterior “o dejándonos ver, pero poco más”. Y es que sin conocer las partidas económicas no se puede poner en marcha la ley de protección a la maternidad, el plan nacional de lucha contra la pobreza infantil, la mejora de la fiscalidad de los patrimonios protegidos para personas con discapacidad, la ampliación del permiso de paternidad, la mejora de los mecanismos de protección de las mujeres amenazadas, los programa de integración de los inmigrantes, la ley de autonomía personal o el impulso a la atención domiciliaria, por poner unos ejemplos, del capítulo social del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones.
Declaraciones de Aguirre
Parte de ese nerviosismo deriva del convencimiento de que es la sanidad o la educación las que pueden poner a los sindicatos y colectivos en la calle y poco les ayuda debates como el abierto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respecto a la necesidad de revisar la gratuidad de la Justicia, de los niveles no obligatorios de la educación y de los medicamentos sin atender a la renta. Pero Aguirre no dice nada que no piensen otros barones territoriales, asfixiados en sus Comunidades por los gastos educativos y de sanidad.
Tampoco las carteras más inversoras se escapan de la actual incertidumbre, como Fomento, y es que la inversión pública se ha llevado ya buena parte del recorte presupuestario y nada hace aventurar que la situación pueda cambiar.
El anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, optó por la prórroga presupuestaria tras la convocatoria de elecciones generales el pasado 20 de noviembre. El calendario electoral dificultaba la elaboración de unas nuevas Cuentas del Estado, a lo que se unía la práctica imposibilidad de haberlas sacado adelante con el apoyo de cualquier otro grupo de la Cámara, por lo que el Gobierno socialista pasó la patata caliente con el argumento, por parte de Zapatero, de que la prórroga permitiría al nuevo Ejecutivo adecuar las cuentas a las nuevas necesidades económicas, entre ellas, aunque eso no se dijo, un déficit por encima del 8 por ciento.
