La avidez de la oposición por conocer las partidas concretas en las que el Gobierno meterá la tijera va a chocar con el calendario férreo que se ha impuesto Mariano Rajoy para dar a conocer sus planes. Primero, esperará a ver publicadas las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea, a partir de las cuales Hacienda confía en poder suavizar en el tiempo los objetivos de estabilidad fijados por Bruselas. Con posterioridad, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos darán a conocer el nuevo cuadro macroeconómico, base a partir de la cual se elaborará el nuevo techo de gasto para este año. Con este techo se marcará la cantidad máxima que podrá gastar el Estado en este ejercicio.
Este último proyecto de ley servirá de referencia clara para examinar con bastante precisión el volumen de ajuste con el que se comprometerá el Gobierno para este año y, por tanto, el objetivo de déficit que asume como propio para España. Será prácticamente imposible, pues, mantener cerrado este misterio hasta la presentación de los Presupuestos estatales en el último Consejo de Ministros de marzo, una semana después de la celebración de las elecciones andaluzas.
El techo de gasto inicial para este ejercicio aprobado el pasado junio se eleva a 117.353 millones de euros con unos ingresos previstos de 127.852 millones y unos gastos de 47.157 millones. El PSOE logró sacar adelante este proyecto en la pasada legislatura con el respaldo indirecto de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, que se abstuvieron en la votación. Estos grupos, junto a los socialistas, pensaron que Zapatero no iba a anticipar las elecciones y se comprometieron con el Gobierno para facilitarle la aprobación posterior de unos Presupuestos estatales que nunca llegaron a ver la luz puesto que el ex presidente anticipó las legislativas a noviembre pasado.
Este techo de gasto, así como las previsiones de crecimiento, quedaron enseguida desfasadas por el agravamiento de la crisis de la deuda y la caída de la actividad económica y el desplome de los ingresos tributarios. Frente a una previsión de crecimiento, oficialmente vigente, del 2,3% para este año, el Banco de España ha apuntado una contracción del 1,5%, es decir una brecha de casi cuatro puntos que obligará al actual Gabinete, presumiblemente, a un ajuste presupuestario suplementario.
Este viernes, el Gobierno aprobará el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria para su envío al Consejo de Estado. Recogerá los compromisos previos contraídos por las comunidades y los ayuntamientos para respetar también los techos de gasto que se les imponga desde el Gobierno central.