La Agencia Tributaria confía en que Baleares y la Comunidad Valenciana regularicen su situación con el fisco el mes que viene, después de hacerse público que están embolsándose las retenciones de los empleados públicos que corresponden al Estado Central. El fisco no ha hecho comentarios públicamente porque –según asegura un portavoz—“no puede pronunciarse sobre la situación particular de ningún contribuyente”. Sin embargo, fuentes de Hacienda consideran que ambas están jugando con el Tesoro al juego de bordear la legalidad: retienen los fondos que deberían pagar mes a mes para disponer de esas cantidades el máximo tiempo posible, antes de la liquidación correspondiente al mes de marzo.

Según han revelado fuentes de Hacienda, las dos comunidades están guardando en sus arcas el dinero que corresponde a las retenciones de Hacienda de sus empleados públicos desde hace dos meses. Se trata de 100 millones de euros al mes en el caso de la Comunidad Valenciana y de otros 30 mensuales en el caso de Baleares, es decir, 260 millones en total que ambas autonomías deberían haber depositado en el Tesoro Público.

Hacienda ha requerido la información tributaria a ambas comunidades y ha enviado requisitorias en las que pide que se pongan al día abonando las cuantías que deben y sumando un 1,5% de intereses de demora (unos cuatro millones de euros de penalización).

Ni la Comunidad Valenciana ni Baleares han querido comentar la irregularidad en sus pagos que constituye la tercera trampa para conseguir liquidez a cuenta del Tesoro Público. 

Tres trampas públicas para evitar la insolvencia

El Tesoro ha tenido que adelantar fondos a las autonomías para que hagan frente a sus vencimientos. Los pagos ordinarios del Estado Central se realizan en primer lugar entre los días 13 y 16 y el segundo a en la última semana del mes. Sin embargo, antes del cierre del año, la Vicepresidenta del gobierno socialista, Elena Salgado, adelantó los fondos de diciembre a todas las autonomías para evitar que los bancos –que cerraban ejercicio fiscal a 31 de diciembre—registraran situaciones de insolvencia. En el caso de la Comunitat Valenciana fue necesario proporcionarles fondos extraordinarios. La Generalitat recibió fondos correspondientes al ejercicio siguiente (2012) para poder devolver los 123 millones de euros pendientes de pago en un crédito a Deutsche Bank. En esta ocasión saltaron todas las alarmas porque no se trataba de un “adelanto de paga” más –aseguran fuentes del Tesoro—sino que suponían tomar fondos del ejercicio 2012 para tapar los agujeros del anterior, 2011. Desde que llegó Cristóbal Montoro al ministerio de Hacienda, se están adelantando, además, las pagas de manera regular a cada autonomía y se les han alargado los plazos (de cinco a diez años) para que repaguen sus deudas al Estado Central.

La segunda trampa fue la del impago a la Seguridad Social. Según publicó el diario El País, la Generalitat Valenciana dejó de pagar las cotizaciones sociales de sus funcionarios. La comunidad dejó de pagar esa cuotas (74 millones de euros) que la Seguridad Social no desvela si ha recibido ya o no. Cataluña tampoco pagó en enero esas cuotas a la Seguridad Social (122 millones) y Aragón sólo pagó la mitad de sus cotizaciones en noviembre, pero –a día de hoy—tiene sus saldos en orden.

La tercera trampa ahora afecta a la Agencia Tributaria y al Tesoro. Las autonomías suelen depositar en el Tesoro la retención que Hacienda hace a los empleados públicos. Cada trimestre, la Agencia Tributaria reclama información a las autonomías sobre esos pagos. En esta ocasión, el Tesoro y el fisco han comprobado que esos pagos no se están produciendo y que acumulan ya dos meses de retraso que deberán ser incluidos en los informes de coyuntura si en marzo no se han regularizado. Por ese motivo, Hacienda cree que ambas se pondrán al día en el último minuto.