El cargo de Defensor va a ser pactado por el nuevo Gobierno con los socialistas en el mismo paquete que la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el consejo de RTVE. María Luisa Cava, nacida en Barcelona hace 63 años, conduce la institución de forma transitoria desde la salida de ella de Enrique Múgica y ahora aspira a sucederle de forma definitiva y prolongar, por tanto, su estancia en la casa cinco años más con un sueldo que equivale al de un ministro. Llegó al cargo de adjunta de la mano de Javier Arenas y su relación con la cúpula del PP se ha deteriorado desde que despidió a Mar España, secretaria general en el Defensor del Pueblo en la etapa de Múgica (2002-2010), emparentada con los Martí Mingarro, recientemente recuperada por María Dolores de Cospedal dentro de la consejería de Presidencia de Castilla-La Mancha.
Las aspiraciones de Cava se ponen también cuesta arriba por la aritmética parlamentaria ya que el nombramiento de Defensor del Pueblo necesita de una mayoría de tres quintos en el Congreso, un listón de 210 votos que el PP solo está en condiciones de reunir con los socialistas por una razón que no pasa inadvertida dentro de la casa y es el veto de Convergencia i Unió a la actual defensora dado su perfil antinacionalista.
El actual adjunto al Defensor, Manuel Aguilar Belda, albaceteño de 62 años, está pendiente del congreso que este fin de semana celebra el PSOE en Sevilla para ver las posibilidades que tiene también de permanecer en el cargo. Está asimilado al de un nivel de secretario de Estado y llegó a la casa de la mano de José Bono. En el supuesto de que el congreso lo ganara Alfredo Pérez Rubalcaba, tendría alguna probabilidad de seguir gracias al intercambio de cromos que se abrirá en la negociación con el PP. Si la triunfadora del congreso socialista fuera Carmen Chacón, sus aspiraciones se verían reducidas a cero.
El Defensor del Pueblo es una institución inocua desde el punto de vista político pues ninguno de sus informes tiene carácter vinculante. Maneja un presupuesto anual de 15 millones de euros y su tarea se ve complementada por la de los 13 defensores autonómicos, que consumen todos los años una partida cercana a los 50 millones. Todas las comunidades, a excepción de la madrileña, la cántabra, la extremeña y la balear, han ido creando estas instituciones aunque la falta de recursos va a llevar a la mayoría de ellas a renunciar a una ostentación tan cara.
Tradicionalmente, la institución ha sido objeto de controversia debido a la utilización que de ella han hecho los sucesivos gobiernos. Por ella recaló el hermano de José María Aznar, introducido por Enrique Múgica con la mediación del ex diputado nacional del PP Luis de Grandes, y en su estructura se dan cita también otros familiares de conocidos políticos de todos los colores. La mujer del ex presidente del Congreso Manuel Marín, Carmen Ortiz, está colocada en el departamento de protocolo.
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