El gobierno ha ampliado la línea de crédito abierta a las autonomías con problemas de liquidez hasta los 15.000 millones de euros, después de que Baleares y la Comunidad Valenciana hayan registrado nuevos problemas de liquidez en las últimas semanas. El Ejecutivo ha aprobado el adelanto de “una línea de crédito de hasta 15.000” destinados al pago de proveedores que había cifrado en un máximo de 14.000 hace apenas unas semanas.
Son 1.000 millones de euros más de los previstos con los que, según la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en pagos de deudas con proveedores. La línea busca que se pueda cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda financiera asumida por las comunidades antes del 1 de enero de este año cuyo pago venza antes de mediados de este ejercicio.
Las nuevas líneas de crédito llegan después de que la Agencia Tributaria haya remitido requisitorias a dos autonomías para que ingresen en el Tesoro los fondos que están reteniendo de manera injustificada. Según reveló Vozpópuli la semana pasada, Baleares y la Comunidad Valenciana se han embolsado la retención que aplican a sus empleados públicos en los últimos dos meses. Se trata de un total de 260 millones de euros (100 millones al mes de la Comunidad Valenciana y otros 30 de Baleares).
El tercer paquete de ayudas en mes y medio de gobierno
El Ejecutivo ha aprobado ya tres actuaciones de rescate de las autonomías en apenas un mes y medio de gobierno, después de que el gobierno socialista también adelantara fondos a las autonomías. Elena Salgado adelantó 15 días los fondos remitidos a las autonomías.
Con el PP ya en La Moncloa, el Tesoro tuvo que llamar a Deutsche Bank para dar garantías de pago sobre las deudas de la Generalitat Valenciana. Hacienda adelantó 115 millones de euros al govern valenciano para que pudiera hacer frente a sus compromisos de pago.
Después, Cristóbal Montoro reunió a las autonomías en un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el gobierno aprobó retrasar el cobro de fondos que las administraciones regionales (autonomías y ayuntamientos) adeudan al Estado Central. Los pagos que debían realizarse en un plazo de cinco años fueron extendidos a diez.
Finalmente, el gobierno aprobó una línea de créditos ICO a las autonomías por valor de 10.000 millones (ampliables a 14.000) que ahora ha extendido hasta los 15.000.
Los términos del crédito
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que la devolución se realizará en un plazo máximo de tres años, con un tipo de interés que es el tipo de referencia del ICO más 225 puntos básicos. De Guindos ha señalado que la concesión está sujeta a dos condiciones fundamentales.
La primera es que las autonomías están obligadas a acordar con Hacienda un plan de ajuste que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El acceso estará precedido de la aceptación de las comunidades de las condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información, así como de adopción de medidas de ajuste extraordinario para cumplir con la estabilidad presupuestaria, los límites de endeudamiento y las obligaciones de pago a los proveedores. De Guindos ha explicado que Hacienda analizará trimestralmente el plan de ajuste y que en caso de incumplimiento se aumentará el tipo de interés en 25 puntos básicos.
La segunda condición es que las comunidades, además del informe presupuestario remitido a Hacienda, deberán enviar a Economía otro de las operaciones realizadas de manera previa, así como con posterioridad a cada operación de endeudamiento.
Nuevas alarmas tras las últimas trampas autonómicas
Las alarmas del gobierno saltaron tras los últimos impagos autonómicos a Seguridad Social y a Hacienda.
Según publicó el diario El País, la Generalitat Valenciana dejó de pagar las cotizaciones de sus funcionarios a la Seguridad Social. La comunidad dejó de pagar esa cuotas (74 millones de euros) que la Seguridad Social no desvela si ha recibido ya o no. Cataluña tampoco pagó en enero esas cuotas a la Seguridad Social (122 millones) y Aragón sólo pagó la mitad de sus cotizaciones en noviembre, pero –a día de hoy—tiene sus saldos en orden.
Además, Baleares y la Comunidad Valenciana han dejado de pagar a la Agencia Tributaria. Las dos autonomías están embolsándose las retenciones de Hacienda que aplican a las nóminas de sus empleados públicos y funcionarios. Se trata de unos 100 millones de euros al mes, en el caso de la Comunidad Valenciana y de unos 30 millones mensuales en el caso de la Balear que acumulan impagos de, al menos, dos meses. En total 260 millones aproximadamente sobre los que la Agencia Tributaria ha emitido ya requisitorias reclamando intereses de demora a los gobiernos regionales del 1,5%.
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