El decreto que da la vuelta como un calcetín al Estatuto de los Trabajadores se someterá a la convalidación del Congreso el próximo 8 de marzo y el PP quiere contar con el abrigo de los nacionalistas, a sabiendas de que no encontrará ni el del PSOE ni el de la mayoría de los grupos de izquierda. CiU ha examinado con sus bufetes más próximos tanto el decreto como la memoria que le acompaña y ha descubierto escondido algo que le inquieta: una parte de las llamadas políticas activas de empleo –cursos de formación, talleres ocupacionales y demás inventos supuestamente destinados a la creación de empleo– escapan al control de Cataluña y del resto de las comunidades y vuelven al redil del Gobierno central.
La broma, según la ven los catalanes, supone la pérdida de control sobre, aproximadamente, 500 millones de euros, un importe muy parecido al que maneja el País vasco para estos menesteres. El escondite de este vuelco competencial reside en las disposiciones finales del decreto, cuyas modificaciones llegarán a través de las enmiendas que consigan introducir los grupos en la tramitación parlamentaria que durará hasta el verano.
Si CiU no consigue la recuperación de estas competencias, que dan a la Generalitat la posibilidad de gestionar este importante volumen de recursos, difícilmente terminará dando su apoyo a la reforma. Los nacionalistas no quieren recibir lecciones desde Madrid sobre donde instalar una escuela taller y han propuesto al Gobierno que sólo asuma el control sobre el dinero destinado a las políticas activas por aquellas comunidades que renuncien a aplicar su propia normativa.
El PSOE, que en la etapa de Zapatero como presidente dio largas al nacionalismo vasco hasta que le cedió la gestión de las políticas activas, apoyará ahora las exigencias nacionalistas con el fin de que sean las comunidades las que vuelvan a mandar sobre el grueso de estos dineros. En el caso del País Vasco, a las políticas activas se le añadió en la pasada legislatura el traspaso de las bonificaciones de las que se benefician las empresas para contratar, lo que generó agravios con el resto de las comunidades.
El resto de los cambios que CiU propondrá introducir en la reforma tiene pocas posibilidades de prosperar y están relacionados con parte de las ambiciones de CEOE. A saber: creación de un 'contrato joven' con ocho días de despido, posibilidad de encadenar contratos temporales hasta un máximo de tres años, y planes de fomento del empleo para mayores de 55. Los nacionalistas están satisfechos de como ha quedado la llamada ultraactividad, pues consideran razonable que haya un plazo de dos años para renegociar los convenios vencidos.