Las cifras de déficit que reveló ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afloran un agujero en las cuentas públicas que las deja muy por encima de cualquier previsión pesimista. Un déficit del 8,5% es algo que está más cerca de la malversación pura y dura que de la pésima gestión. En cualquier caso, supone un auténtico atraco a la sociedad española que será, conviene no olvidarlo, quien pagará los platos rotos una vez más.
Un déficit de semejante calado hace inalcanzable cualquier tipo de objetivo anterior pactado con Bruselas y aleja de nuevo con fuerza los titubeantes atisbos de confianza que pudieran habernos concedido los mercados. Una vez más, los recortes y la austeridad serán la medicina que el Ejecutivo de Rajoy se verá obligado a suministrar a la sociedad.
Una medicina más que amarga para unos pacientes que llevan soportando 5 años de crisis y han visto cómo se disparaba el paro, cómo ha llegado una subida del irpf para las clases medias, cómo les ha caído un drástico recorte del despido… mientras aguardan otras cuestiones como el copago sanitario a la vuelta de la esquina.
Por el contrario, nadie ha visto que se exijan responsabilidades a directivos de entidades financieras rescatadas o quebradas. Tampoco hay sentencias ejemplarizantes ante casos de corrupción. Más bien, cada vez hay una sensación más extendida entre los españoles de que hay una gran componenda entre partidos para que se eche un vergonzante manto sobre estas cuestiones.
Un despilfarro como el revelado ayer por el ministro Montoro exige depuración de responsabilidades. Constituye un auténtico insulto para el ciudadano, sobre cuyos hombros se están poniendo todas las cargas. Este gasto desmedido no llega exclusivamente por un exceso de servicios públicos y coberturas. Ojalá, cabría incluso decir. Llega por una corrupción, capilarizada por todas partes y extendida en todas sus formas. Es una estafa en toda regla a la sociedad y el nuevo Gobierno tiene la responsabilidad de cortar por lo sano con esto.
No basta con pasarle la factura al ciudadano, también deberían pagar los culpables.
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