Al menos dos expertos jurídicos de Moncloa trabajan en la definición objetiva del colectivo que puede verse beneficiado por esta reforma electoral. Según fuentes seguras, se incluirá en el mismo a personas que hayan sobrevivido en el pasado a un atentado terrorista y hayan dejado su domicilio para trasladarse a un lugar seguro fuera del País Vasco, a los familiares de las víctimas del terrorismo que pasaron por este mismo trance y, en general, a todos los que cambiaron su lugar de residencia como consecuencia de la amenaza de ETA.

La mayoría de ellos residen en Levante, en Andalucía y en Madrid y no pueden votar en las elecciones vascas porque vendieron su casa y ya no están empadronados en su tierra de procedencia. El propio Gobierno vasco que ahora preside Patxi López se ha comprometido a facilitar su retorno mediante ayudas económicas. A juicio del diputado del PP por Vizcaya Leopoldo Barreda, “estas ayudas son importantes, pero lo primero que hay que restituir son los derechos políticos, es decir, el derecho al voto”.

Mariano Rajoy está comprometido con esta “reparación moral” y es partidario de que se reforme la ley electoral para el reconocimiento de estos derechos. No en balde, admitió la incorporación de una enmienda que defiende la iniciativa en la ponencia política aprobada por el PP en su último congreso nacional.

En el PNV se observa esta reforma con mucha cautela pues puede descabalar la mayoría que las encuestas pronostican para el nacionalismo vasco, con el concurso de la izquierda abertzale, en las autonómicas del año que viene. Según el último Euskobarómetro, la suma del PNV y Amaiur desbordaría la mayoría absoluta. “No creo que el Gobierno se atreva a meterse en este lío”, confiesa una fuente nacionalista. Y añade: “¿Cómo se puede demostrar que se ha huido de ETA y no se ha cambiado de residencia por motivos económicos?”. Y esa es, justamente, la dificultad que van a tratar de despejar los asesores de Moncloa con el fin de que el futuro censo no de problemas.

 Hay cálculos que elevan el colectivo de posibles nuevos votantes a 200.000 personas, lo que podría provocar un auténtico vuelco en la política vasca, teniendo siempre en cuenta que, según recuerda Leopoldo Barreda, “introducirse en el nuevo censo será siempre una decisión voluntaria”.