Mucho se ha escrito estos días sobre la "violencia de genero estructural" del que habló el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Tras sus palabras asomaba el esbozo de la reforma legal que pretende y que debe acordar con el ministerio de Ana Mato, pero que, en esencia, pasaría por informar a las mujeres que optan por poner fin a su embarazo de las alternativas, fundamentalmente económicas, a las que podría acogerse en caso de reconsiderar su situación. Fuentes de Justicia aseguran disponer de fondos para hacer posible este modelo, ante una situación de crisis económica que va cerrando progresivamente el grifo de las partidas de gastos.
Memoria económica
De hecho, se tratará de la primera ley del aborto que irá acompañada de una memoria económica, según ha podido saber Vozpópuli. "Tenemos dinero para ello", afirman taxativos desde el departamento de Gallardón, ahora en el ojo del huracán. Toda mujer que se acoja al supuesto de grave peligro para la salud física o psicológica, salvo evidencia en contra, recibirá un conjunto de opciones, aún por determinar, de modo que no sean las causas económicas, sociales, laborales o familiares las que lleven a la decisión del aborto. Sobre el papel parece no albergar dificultades, pero lo cierto es que en una cuestión en que el tiempo es esencial y siempre corre a la contra, puede ser un elemento distorsionador de primera magnitud.
El PP ha venido calificando de "coladero" este supuesto, al que se han acogido la mayoría de las mujeres, siendo muy minoritarios los casos en que el aborto se ha producido por malformaciones del feto o porque se trate de un embarazo producto de una violación. Además, a diferencia de la ley socialista de 2010, en la reforma que plantea el PP la opinión de los padres "será determinante" hasta la mayoría de edad, acabando con la excepción que establecía el anterior texto en el sentido de que los progenitores de las menores de entre 16 y 18 años debían ser informados salvo que la menor argumentara un "grave conflicto" para que no fuera así.
El supuesto de grave peligro, el más usado
Conforme a la estadística del Ministerio de Sanidad, en 2009 el 96,74% de las mujeres se acogió al supuesto de grave peligro para la salud de la madre; un 2,98% lo hizo por riesgo fetal y un 0,02 por embarazo producto de una violación. La estadística de 2010 en este sentido no es representativa puesto que a mediados de año entró en vigor la reforma socialista que introdujo el sistema de plazos. Pero, contra los mensajes que se han venido lanzando desde que se aprobó la nueva ley, y a falta aun de los datos correspondientes a 2011, lo cierto es que el número de abortos con respecto a 2009 se incrementó, pasando de los 111.482 de 2009 a 113.031 de 2010. Peor año fue, sin embargo, 2008, cuando se produjo un importante repunte hasta llegar a 115.812 las mujeres que abortaron.
Por edades, son las embarazadas de entre 20 y 24 años las que más abortaron (un 19,82% del total de interrupciones del embarazo) seguidas de las que estaban entre los 25 y 29 años (16,34%) y de las menores de 19 años (12,71%). No especifica la estadística del Ministeriode Sanidad el porcentaje de las que están entre los 16 y 18 años a pesar de la gran polémica que se produjo, incluso en las filas socialistas, sobre el papel que debían jugar los padres.
