Moncloa intentará impregnar de normalidad la jornada de huelga general de hoy manteniendo incólume su agenda y trasladando el mensaje de que "confía" en la responsabilidad de las organizaciones sindicales. El jefe del Eejcutivo, Mariano Rajoy, acudirá al pleno del Congreso de los Diputados y, también en la Cámara Baja, presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que verá el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, que tal y como adelantó Vozpópuli, recortará las deducciones a las que se acogen las empresas, lo que podría suponer ingresar hasta 5.000 millones más en impuestos, entre otras medidas. El Consejo de Ministros de mañana dará el plácet a la Cuentas del Estado, que, ajenas al ruido de la calle, supondrán un ajuste de 35.000 millones de euros.
También será ajena al ruido de la calle la reforma del mercado laboral. Tanto Cristóbal Montoro como Luis de Guindos quisieron dejar muy claro ayer que el Gobierno "no va a ceder" ante la huelga general porque supondría "profundizar" una crisis que ya ha destruido muchos empleos, en palabras del titular de Hacienda, o que no se modificará "ni un ápice" la reforma, según el de Economía. Por su parte, la ministra de Empleo, Fatima Báñez, se empleó ayer a fondo en la sesión de control al Gobierno para defender su proyecto estrella, acusó a los gobiernos socialistas de haber actuado como "máquinas de destrucción de empleo" y echó en cara al PSOE que "ahí fuera hay 5,2 millones de parados por culpa de los errores del Gobierno" de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, en cambio, le tocará hacer balance de la jornada de huelga sobre la una y media de la tarde también desde el Congreso de los Diputados.
Es en estos momentos la única comparecencia que tiene prevista la ministra. En Moncloa aseguran que no se trata de activar ningún gabinete de crisis "porque una huelga no es una crisis, es un derecho y el Gobierno confía en la responsabilidad de los sindicatos". Se trata, sin duda, de un intento de no calentar los ánimos ni de encender la huelga frente a declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que hizo un llamamiento para que los ciudadanos acudan a su trabajo y "denuncien la violencia de los piquetes colgando las fotos y los vídeos de los violentos inmediatamente en las redes sociales". Ya de paso ofreció hasta el número de teléfono donde pueden delatar "las coacciones de los piquetes" ante una huelga que "sólo persigue arruinar todavía más España".
Prudencia de Moncloa
Las declaraciones de Aguirre contrastan con la rapidez con que su gobierno alcanzó un acuerdo con las centrales sindicales en torno a los servicios mínimos en la Comunidad sobre sectores tan sensibles para el éxito de una convocatoria de este tipo como el metro o los autobuses. El pacto lo continuó el Ministerio de Fomento sobre trenes y aeropuertos. Lo cierto es que, salvo el rifirrafe que se organizó ayer en la sesión de control al Gobierno en torno a la reforma laboral y los reproches mutuos que se han lanzado Gobierno y PSOE respecto a la responsabilidad de la situación, Moncloa se ha mostrado muy prudente. Eso sí, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó el viernes pasado que la tarea del Ejecutivo es garantizar el derecho a huelga pero, también, el derecho al trabajo de los que quieran acudir a su puesto laboral.
Será el Ministerio del Interior, y, en concreto, la directora general de Política Interior, Cristina Díez, a la que corresponda ir informando del desarrollo de la huelga a lo largo de cuatro comparecencias ante los medios de comunicación que terminarán en torno a las siete y media de la tarde, antes de que finalice la manifestación con que se pondrá colofón a la huelga general y que llegará, en Madrid, hasta la emblemática Puerta del Sol.
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