Limitar las conductas fraudulentas que crean "alarma social"
El Consejo de Ministros ha probado un anteproyecto de ley para perseguir el fraude fiscal con el que se pretende recaudar hasta 8.171 millones de euros.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la limitación del uso de efectivo a 2.500 euros en operaciones en las que intervenga al menos un empresario profesional. Los que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del importe del pago hecho en efectivo, tal y como anunció el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Otra de las iniciativas más destacadas es la que obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de las cuentas abiertas en entidades situadas fuera de España, según anunció el jueves el ministro de Hacienda y Admnistraciones Públicas, Cristobal Montoro.
Tanto el pagador como el receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros podrán ser sancionados. El Ministerio de Hacienda perdonará la sanción al pagador o receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros cuando éste comunique el fraude a la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago. Asimismo, tanto pagador como receptor responderán de manera solidaria por la multa del 25% y ésta no eximirá de otros delitos que puedan ser detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas, entre otras cosas. Esta medida entrará en vigor de forma inmediata, tal y como ha dicho el Gobierno, aunque también ha avanzado que otras iniciativas incluidas en el mismo texto empezarán a funcionar en 2013 porque es mejor que coincidan con el inicio de un año natural.
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 publicado en su día por el Gobierno sitúa en el punto de mira de la Agencia Tributaria a deportistas y artistas, a las importaciones procedentes de Asia y a las operaciones con pago en metálico de elevado importe como objetivos prioritarios dentro de la lucha contra el fraude fiscal. En concreto, Hacienda explicó que, en el marco de este plan, se hará "especial hincapié" en las conductas fraudulentas que generan "alarma social". En este contexto, perseguirá el empleo de facturas falsas para reducir el pago de impuestos y los "entramados" societarios de los que se sirven profesionales, artistas y deportistas "para deducirse, indebidamente, sus gastos particulares".
También será prioritaria la desarticulación de circuitos de economía sumergida, que tendrán como objeto central el control integral de las importaciones y venta de mercancías procedentes de terceros países, especialmente de Asia, así como el descubrimiento de arrendamientos no declarados de viviendas y locales de negocio, fundamentalmente en polígonos industriales. Para detectar estos arrendamientos, Hacienda rastreará el consumo de energía a fin de localizar inmuebles donde se pueden estar desarrollando actividades no declaradas, así como los terminales de tarjetas de crédito para obtener la relación de entidades que desvían parte de su facturación a otros terminales, que incluso pueden encontrarse a nombre de terceros.
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