Ejecutivo y PP hubieran deseado que el Congreso de los Diputados rechazara de forma unánime la expropiación a Repsol, por parte del Gobierno argentino, de su filial YPF, pero no fue posible. Dicho pronunciamiento sólo hubiera tenido valor en nombre de toda la Cámara y de todos los Grupos Parlamentarios pero el consenso era imposible tras la posición adoptada por Izquierda Unida, crítica por el respaldo "sobreactuado" a una empresa privada, según señalaron los principales dirigentes de la coalición. Es por ello que los populares no descartan buscar una vía intermedia con la que escenificar un frente común al menos con PSOE, CiU y PNV, contrarias a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner.
La fórmula que barajan en una Proposición No de Ley, aunque fuentes parlamentarias del PP señalaron a Vozpopuli que aún no se ha llegado a contactar con estos Grupos y admiten que el calendario no ayuda dado que estas semanas el Congreso ha debatido y debatirá de forma casi monográfica sobre los Presupuestos Generales del Estado. Sí se le ha buscado un hueco al ministro de Industria, José Manuel Soria, que el martes comparecerá ante la comisión respectiva del Congreso para explicar todas las gestiones que el Ejecutivo ha venido haciendo primero para intentar parar las amenazas del gobierno argentino y más, tarde, una vez consumados los hechos, "castigar" una actuación que lleva camino de convertirse en una confiscación más que una expropiación. Soria dará cuenta apenas tres horas antes de que comiencen a debatirse las enmiendas a la totalidad a las cuentas del Estado.
Soria se limitó a presentar ayer en el Consejo de Ministros una orden ministerial para asignar cuotas de producción de biodiésel en las plantas españolas, lo que limitará la entrada del producto refinado procedente de Argentina. La orden tiene por objeto apoyar "las operaciones de refino por parte de las empresas españolas y comunitarias, y busca colocarlo en una situación adecuada para poder ofrecer el biodiésel en condiciones competitivas", explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Los eurodiputados del PSOE no quieren suspender las ventajas arancelarias de la UE con Argentina
Sin embargo, esta iniciativa no tiene un precedente muy halagüeño después de lo acontecido ayer en el Parlamento de Estrasburgo durante la votación de un texto de condena a Argentina. Y es que los eurodiputados españoles socialistas se manifestaron en contra de incluir en el mismo la amenaza de suspender parcialmente las ventajas arancelarias que la Unión concede a los productos argentinos, por unos 2.400 millones de euros al año. El eurodiputado Enrique Guerrero justificó mediante un comunicado que el PSOE está "por una solución del conflicto basada en el diálogo y la negociación", así como por "una respuesta inteligente y proporcionada". En este sentido, defendió que apuestan porque la Comisión Europea y los Estados miembros "trabajen con foros internacionales como el G20 o la Organización Mundial del Comercio (OMC) para lograr el consenso en la oposición a las acciones de Gobierno argentino", informó Efe.
En la resolución aprobada ayer por 458 votos a favor, 71 en contra y 16 abstenciones, se urge a la comisión europea y a la UE a "explorar y adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses europeos" en Argentina. Además, "deploran" la decisión de la presidenta Fernández de Kirchner por su "carácter unilateral y arbitrario, que presenta un ataque en el ejercicio de la libertad de empresa y el principio de seguridad jurídica". En este sentido avisan de los "efectos negativos" que creen que puede tener para este país en el seno de la comunidad internacional. También creen que puede entorpecer el buen ambiente necesario en las negociaciones que hay abiertas entre la Unión y el Mercosur para un acuerdo de negociación.
El Gobierno expresó ayer, a través de Sáenz de Santamaría, su sorpresa por la postura de los eurodiputados socialistas españoles, que no ha conseguido en todo caso, dijo en la rueda de prensa eterna que ofreció tras la reunión del Consejo de Ministros, "debilitar el apoyo de la de la UE a una resolución del Parlamento Europeo que es muy clara". No es un buen comienzo para una futura PNL, tal y como sopesa el Grupo Popular.
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