España

ETA pide ayuda a la UE para abrir ya un “diálogo directo” con Madrid y París

En el mismo comunicado, la banda anucia que ha designado a los integrantes de la "delegación" que debe sentarse a hablar con los Gobiernos español y francés. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, rechaza la petición de contactos e insiste en el mensaje del Ejecutivo español de exigir la previa desaparición del grupo terrorista: "Esperamos el comunicado de su disolución".

ETA ha enviado este miércoles un comunicado a la agencia de noticias AFP en el que pide a la Unión Europea (UE) que apoye e impulse el “proceso abierto de cara a una solución definitiva al conflicto que persiste en el corazón de Europa”. En el mismo texto, la organización terrorista anuncia que ya ha designado a los integrantes de la “delegación” para iniciar el “diálogo directo” con España y Francia que reclama desde hace meses, aunque no facilita sus nombres. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que "espero ver el comunicado de su disolución, aunque sea en France Presse" y ha negado que los presos etarras estén en la cárcel por ser vascos: "Están por ser delincuentes". Con respecto a la posibilidad de negociación del Gobierno, el ministro ha sido tajante: "No se modificará ni un ápice ni habrá acercamiento de presos mientras ETA no se disuelva".

El anuncio de ETA se produce sólo 24 horas después de la toma de posesión como presidente francés del socialista François Hollande y días después de que la Comisión Internacional de Verificación revelase en una nota de prensa que la banda estaba dispuesta a iniciar contactos con los gobiernos de Madrid y París “sobre una serie de asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso”, entre ellos su desarme y los presos.

En el texto hecho público este miércoles, la banda asegura que “en estos meses se están produciendo profundos movimientos y se está creando la oportunidad histórica de construir la paz y acabar con décadas de sufrimiento”, y señala como hito clave la Conferencia de Aiete, celebrada el 17 de octubre en San Sebastián, que sirvió de pista de aterrizaje para que la propia ETA anunciase su cese definitivo de la violencia días después.

Los dirigentes de la organización terrorista creen que retrasar más el inicio de estos contactos “no es beneficioso para nadie y, además de alargar el sufrimiento, puede generar situaciones de bloqueo perjudiciales”. Por ello, los etarras insisten en que los Gobiernos de España y Francia deben dar una repuesta “sin más demora” a su propuesta de inicio de contactos, y piden a las fuerzas políticas abordar el diálogo político “para, entre todos, dar solución a las razones del conflicto político y lograr acuerdos que garanticen un escenario de paz y libertad estable y duradero”.

Dos meses de silencio

Esta declaración de ETA se produce más de dos meses después de su anterior  comunicado, de 9 de marzo, en el que también hablaba de iniciar lo más rápidamente posible un “diálogo directo”. Sin embargo, en aquel texto la banda sólo interpelaba al Gobierno francés, entonces comandado por un Nicolas Sarkozy metido ya en campaña electoral. Ahora, sin embargo, la organización se dirige “a la comunidad europea y el conjunto de las instituciones europeas”, en un movimiento novedoso dentro de su estrategia de la banda tras el proceso abierto con el cese de la violencia que anunció el pasado octubre.

Hasta ahora, todos los llamamientos realizados por ETA para sentarse a hablar han encontrado el rotundo rechazo del Gobierno español de Mariano Rajoy, que insiste una y otra vez en que no acudirá a una mesa con dirigentes de la organización hasta que anuncie su “disolución incondicional”. El único gesto del Ejecutivo del PP hasta el momento ha sido la flexibilización anunciada hace unas semanas para que los presos etarras que rechacen abiertamente la violencia y pidan perdón a las víctimas tras desmarcarse de la organización, puedan acceder más fácilmente a ciertos beneficios penitenciarios, entre ellos el acercamiento a cárceles del País Vasco.

Aquella medida fue rechazada por una parte de las organizaciones de víctimas del terrorismo, pero encontró el respaldo de la mayor parte de las fuerzas políticas y de la Comisión de Verificación Internacional, que la calificó de “un primer paso que esperamos tenga seguimiento en la misma dirección”.

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