El Ministerio de Transportes, a través de ADIF, ha adjudicado un segundo contrato millonario para la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., proveedor que es socio en Angola de una sociedad procesada por corrupción. La nueva partida asciende a 12,5 millones de euros para la importación de material sanitario. Como en la anterior licitación, el departamento dirigido por José Luis Ábalos oculta los pormenores del acuerdo al no publicar el contrato en la plataforma de transparencia habilitada a estos efectos.
En total, Transportes ha confiado a esta empresa la compra de mascarillas por valor de casi 40 millones de euros. La primera licitación tuvo un valor de 24,2 millones, impuestos incluidos. La nueva partida es de 12,5 millones, aunque el Portal de Contrataciones del Sector Público no detalla la suma total una vez sumados los impuestos -como detallan otras adjudicaciones-. Si se aplica el mismo porcentaje de tasas y aranceles que en el primer caso, el nuevo contrato supera los 15 millones de euros.
Según los documentos publicados en el Portal de Contrataciones, los acuerdos se firmaron el 21 y el 27 de marzo, respectivamente. Un total de 13 millones de mascarillas con nivel de protección FFP2. El primero se gestionó a través del organismo Puertos del Estado, dependiente de Transportes; el segundo lo tramitó ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias.
ADIF asegura ante la consulta de este medio que sigue "las recomendaciones que llegan desde el Ministerio para la compra de material sanitario". Soluciones de Gestión prefiere no realizar declaraciones sobre esta nueva adjudicación y, desde el Ministerio de Transportes, detallaron en el primer contrato que estas compras se realizan conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Un artículo titulado 'Tramitación de emergencia'. Se trata de procedimientos adjudicados sin negociación, atendiendo a las circunstancias excepcionales que permite el estado de alarma.
Sin noticias del proveedor
Este segundo contrato tampoco revela más información de este desconocido proveedor. Soluciones de Gestión, con sede en Zaragoza, tiene el foco puesto en África -en concreto en Angola-, cuenta con cinco trabajadores en plantilla y sus cuentas registraron números rojos en alguno de sus ejercicios.
Sus últimos resultados publicados en el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso este medio a través de Insight View, detallan que pasó de ganar 0,4 millones en 2017 a unas pérdidas en 2018 de 1,1 millones, tras más de diez años dando beneficio, y sufrir un retroceso en su facturación de cinco a 0,1 millones en ese último año.
El administrador que aparece es Purdey Investment, quien representa José Ángel Escorial, empresario que tendría sociedades opacas en Malta, tal y como recoge la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en los llamados Paradise Papers.
Soluciones de Gestión no anuncia ningún proyecto en su web desde 2017. Desde la empresa explican que "ha tenido actividad desde 2017, lo que no ha tenido son ingresos de grandes proyectos desde el año 2018. En el año 2017 se finalizó un proyecto internacional y se facturaron unos cinco millones de euros. Aparte ha mantenido a la empresa estable mientras presentaba ofertas a proyectos internacionales".
Las compañías en Angola
El historial de Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L. detalla varios proyectos en África; entre otros, participa con Cueto Comercial 92 en la UTE Boavista II para la implantación de una central térmica flotante, así como en la UTE Hospital, creada en 2010 para la construcción de un centro médico, ambos proyectos en Luanda, capital de Angola.
El proveedor de mascarillas del equipo de José Luis Ábalos sigue registrando estas actividades conjuntas con Comercial Cueto 92 en sus últimas cuentas públicas aprobadas en diciembre de 2019. Este socio saltó a la palestra en mayo de 2019 tras la apertura de un juicio oral en la Audiencia Nacional. El magistrado José de la Mata investiga las acusaciones que recaen sobre la compañía de presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para el país africano.
El juez detalló en su auto que existen indicios sólidos y consistentes de que Comercial Cueto 92 y Defex -la empresa pública española de venta de armas- mantenían una operativa en Angola que consistía en “conseguir contratos públicos para la empresa pública Defex mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”.
El juicio oral del caso Defex incluye a la empresa pública, 24 personas físicas y dos sociedades: Cueto Comercial 92 y Global Reach
El juicio oral del caso Defex incluye a la empresa pública, 24 personas físicas y dos sociedades: Cueto Comercial 92 y Global Reach. Estas sociedades están vinculadas a la familia Cueto; concretamente, a Juan Carlos Cueto. El instructor estableció fianzas que en el caso de alguno de los investigados -como el expresidente de Defex José Ignacio Encinas y Juan Carlos Cueto, por entonces presidente de Comercial Cueto 92- superan los 400 millones de euros, entre la multa y la responsabilidad civil. Cueto consta como presidente del socio en Angola de Soluciones de Gestión y consejero de Global Reach hasta 2014, año en el que se destaparon las prácticas con Defex.
Desde entonces, Comercial Cueto 92 tiene como únicas administradoras a dos familiares cercanos de Juan Carlos. La empresa lleva en números rojos desde 2015. Desde 2014, al igual que Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas -elegida para traer los ocho millones de mascarillas-, ha tratado de cobrar las deudas pendientes del Gobierno de Angola.
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