El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa de inversores. En un auto, recogido por Vozpópuli, el magistrado ha admitido la solicitud formulada por la plataforma de Perjudicados de Abengoa de ampliar la querella contra las dos entidades, así como contra las consejeras y miembros de la Comisión de Auditoría Mercedes Gracia y Alicia Valverde. También se ha admitido querella contra el socio responsable de la auditora Manuel Arranz. A los tres se les investiga ahora por un delito de estafa de inversores y por falsedad contable.
En la causa se investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional española en los ejercicios de 2014 a 2016 con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas. La querella que dio origen al procedimiento que se sigue el Juzgado Central de Instrucción número 2 se admitió en febrero de 2017 contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega.
El magistrado investiga si las "óptimas cifras" que reflejaban los estados financieros de Abengoa y la "idílica situación patrimonial y financiera" difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía.
"Sistemática ocultación"
La Fiscalía ha concluido en uno de sus informes que existen indicios para considerar la posible alteración contable con efectos perjudiciales para sus socios, accionistas o terceros. "A pesar de las dificultades y obstáculos que se han ido planteando para recabar la documentación que parece apuntar en la señalada dirección, existen datos indiciario reflejados en el informe pericial aportado por la parte querellante de los que se colige la sistemática ocultación de sustanciales pérdidas de sus activos".
El juez ha acordado ampliar la querella tras analizar el informe de la Plataforma de Afectados en el que se refleja la "sistemática ocultación de sustanciales pérdidas de activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económica financiera de la entidad Abengoa".
En este sentido, el magistrado ha considerado que no faltan razones frente a Abengoa, Deloitte y los tres directivos como supuestos responsable de la grave alteración y presunta falsedad de la realidad económico-financiera y patrimonial que se ocultó a miles de inversores que decidieron invertir sus ahorros en la compañía.
