La Audiencia Nacional mueve ficha para conseguir que se periten las cuentas de Abengoa. El magistrado Ismael Moreno se ha dirigido a la Subsecretaría de Hacienda a petición expresa de la Fiscalía para que emitan un dictamen independiente acerca de si hubo o no maquillaje contable en la multinacional. Se trata de una diligencia clave para la causa y que lleva en punto muerto más de 14 meses ante la negativa de los órganos consultados de acometer este estudio.
En concreto, fue en febrero de 2022 cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez que se dirigiera a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que peritasen los estados financieros que están bajo la lupa de la Justicia. El magistrado accedió y se requirió a este órgano para que designara a dos peritos judiciales que estudiasen cuatro puntos concretos relacionados con los deterioros de Abengoa en los ejercicios 2015 y 2016 así como los proyectos de Chile, México y Brasil, entre otros.
Las evasivas de la IGAE llevaron a la Fiscalía ya en octubre a tomar cartas en el asunto, según la documental de la causa a la que ha tenido acceso Vozpópuli. El fiscal del caso no solo no aceptó las explicaciones del órgano, sino que le recordó que las administraciones públicas deben cumplir las resoluciones judiciales de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello pidió a la Audiencia Nacional que se dirigiera a la Subsecretaria de Hacienda para poder realizar el peritaje determinante de la causa.
Las cuentas de Abengoa
El magistrado accedió y en noviembre requirió al órgano que dirige Pilar Paneque para que remitiera a la Audiencia Nacional la identidad de dos funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Además, hizo constar de manera expresa que tenían que actuar como auxilio judicial en esta causa y que su intervención era de obligado cumplimiento.
La Fiscalía quiere que un perito independiente estudie las cuentas de Abengoa, sus negocios en Chile, Brasil y México, las plantas termosolares y la sanción del ICAC a su auditor externo
Siete semanas después contestó Hacienda y lo hizo en la línea de lo argumentado con la IGAE. La subsecretaria explicó que el peritaje que dirimirá si se maquillaron o no las cuentas de Abengoa excedía su ámbito de competencias y que el Ministerio de Hacienda "carece de expertos con la especialización que se requiere". No obstante, y a tenor de la expresa advertencia de la Audiencia Nacional, la subsecretaria abrió la puerta a designar peritos de otras entidades como la ICAC (que precisamente ya sancionó a Abengoa y su auditor por las cuentas) o también a la propia CNMV.
En su respuesta, también apuntó a conversaciones con el Ministerio de Justicia para asumir el coste de estos peritos públicos. "Una vez finalizados los trabajos que se están llevando a cabo, por parte de esta Subsecretaría se informara a este juzgado con la mayor brevedad posible", plasmó en su escrito del 30 de diciembre. Sin embargo, y transcurridos más de 3 meses de la notificación, no ha habido más novedades al respecto, según ha podido saber este medio.
El papel de Deloitte
Así pues, el asunto sigue varado sin que ningún órgano asuma la orden judicial y ello pese a la importancia que tiene, ya que en la causa ya obran varios peritajes de parte, pero a día de hoy todavía no hay ningún trabajo independiente. En concreto, la Fiscalía quiere que se estudien cuatro puntos detallados: por un lado, los deterioros registrados de forma súbita al cierre de los ejercicios 2015 y 2016 en Abengoa así como el hecho de si su auditor Deloitte estaba enterado de la verdadera situación financiera de la sevillana.
En segundo lugar, solicitó también que se estudie el ajuste de provisiones sobre flujos de caja por importe de 700 millones de euros realizado el 31 de julio de 2015 y que se atribuye a los proyectos de Abengoa en Brasil, Chile y México. En tercer lugar, quiere esclarecer si hubo o no sobrevaloración de las plantas termosolares de la compañía en España y finalmente que se estudie lo relativo a la resolución sancionadora del ICAC a Deloitte y su auditor Manuel Arranz en 2019 por presuntas irregularidades en la auditoría de los ejercicios que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Los investigadores dan especial importancia a esta diligencia porque tras más de cinco años han recabado indicios que les hacen sospechar que se ocultó la verdadera situación de Abengoa a accionistas y socios en los ejercicios previos a 2015, cuando la sevillana tuvo que acudir a la fallida ampliación de capital de 2015. Además, la causa cuenta con varios peritajes aunque ninguno independiente del juzgado, por lo que se trata de un documento que inclinaría la balanza a la hora de decidir si enviar o no a juicio a Abengoa, Deloitte y el resto de imputados por fraude de inversores y falsedad contable.
Los correos internos
Con todo, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa (la parte querellante que litiga bajo la defensa de Ius+Aequitas) aportó un peritaje realizado en 2019 que, en palabras del juez, vendría a poner de manifiesto que se ocultaron las pérdidas de Abengoa para transmitir una imagen falsa de solvencia y se incluyeron certificaciones de obra que no estaban lo suficientemente acreditadas.
No obstante, el juzgado quiere contar con un peritaje externo que evalúe también todos los documentos incautados en el registro a la sede de Abengoa en abril de 2021. Entre ellos destacan más de 1,5 millones de correos electrónicos internos analizados por la UCO y desvelados por este medio, que vendrían el conocimiento interno desde 2013 de los problemas de liquidez de la compañía.
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