La Abogacía General del Estado ha vuelto a pedir el archivo del caso Plus Ultra. Los servicios jurídicos del Gobierno sostienen, en sintonía con lo manifestado por la Fiscalía en febrero, que la concesión de 53 millones de euros de fondos públicos a la aerolínea no solo no fue irregular sino que "lo arbitrario hubiera sido no otorgar la ayuda". De este modo descarta que se cometieran delito de prevaricación o malversación de caudales públicos con el desembolso y respaldan el criterio de los peritos de la SEPI frente al de los expertos seleccionados por el juzgado.
En un escrito remitido a la causa en mayo y al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Abogacía valora el resultado del careo pericial que se practicó en enero y se repitió en marzo por problemas técnicos. En su documento explica que de esta prueba determinante se concluye que la compañía cumplía todos los requisitos para recibir la inyección de fondos destinados por el Gobierno a las empresas afectadas por la crisis de la pandemia.
Al hilo, apunta que las diferencias plasmadas entre los expertos de la SEPI y los peritos del juzgado no son más que "opiniones técnicas distintas". De esta forma se suma a la tesis de la Fiscalía, que también ha solicitado el carpetazo de la causa, aunque la magistrada Esperanza Collazos ha decidido escuchar a la compañía en sede judicial antes de resolver sobre este asunto. Por ese motivo ha citado como imputado al representante legal de Plus Ultra para el próximo 15 de junio, tal y como ha avanzado este medio. Tras ello, decidirá si sobreseer la causa o bien seguir adelante con las diligencias.
"No hubo perjuicio a las arcas públicas"
La Abogacía, que defiende al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y al resto de miembros del Consejo Gestor que avalaron la entrega, niega la comisión de prevaricación o malversación. En relación al primero de los delitos apunta que no existe "el más mínimo indicio" de que la decisión de rescatar a Plus Ultra se adoptase "a sabiendas de su ilegalidad". Defiende que fue todo lo contrario y que los expertos dieron luz verde a la solicitud de aerolínea porque los informes técnicos del expediente concluyeron que cumplía "todos y cada uno de los trece criterios de elegibilidad".
No hubo prevaricación ni malversación. La discrepancia técnica de los peritos judiciales no resulta suficiente para apreciar ningún exceso
También niegan la malversación alegando que el rescate de 53 millones de euros no ha causado perjuicio alguno al erario público. La Abogacía explica que tanto el informe de la IGAE como del Tribunal de Cuentas del pasado año se precisa que la ayuda se instrumentó en un crédito ordinario y participativo cuyas obligaciones de reembolso no ha incumplido Plus Ultra. "Lo arbitrario habría sido no otorgar la ayuda cuando de los informes técnicos se desprendía el cumplimiento de los requisitos exigidos", apunta.
Así pues defiende las conclusiones de Deloitte y DC Advisory (asesores legal y financiero de la SEPI, respectivamente) frente a los expertos designados por la juez. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid encargó la práctica de esta diligencia al considerar que era necesario contar con un criterio externo que valorase si, tal y como sostienen las acusaciones que ejercen PP, Manos Limpias y Vox, la mercantil ya estaba en números rojos antes incluso de que llegase la pandemia.
Carga contra los peritos del juzgado
Abogacía, Plus Ultra y Fiscalía se opusieron a esta diligencia, pero la juez la mantuvo al entender que era "imprescindible". Ahora la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón porque permite esclarecer si era o no viable. Al respecto, los peritos independientes han mostrado sus dudas sobre la verdadera situación de la aerolínea cuando recibió la ayuda. Así, apuntaron a una posible incorrección de 6,3 millones de euros en las cuentas de 2019 (las analizadas para el rescate) y también la naturaleza de un préstamo de Panacorp canalizado en una cuenta ubicada en un paraíso fiscal.
Estas dudas, que plasmaron en sus informes y reiteraron en sede judicial, ya fueron cuestionadas el año pasado por la Abogacía. Entonces, los servicios jurídicos del Gobierno apuntaron que el despacho de Martín Molina se extralimitó en su trabajo y descartaron que fuera relevante que los más de seis millones recibidos estuvieran en un paraíso fiscal. Ahora insisten en esta idea asegurando que no hay irregularidad alguna por la existencia de este préstamo canalizado en Dominica ya que se refleja la memoria de las cuentas de la compañía.
El préstamo evitó la disolución
Al hilo, también insisten en que los criterios del perito independiente son subjetivos. Sobre el préstamo participativo que recibió Plus Ultra en 2017, la Abogacía General del Estado sostiene que no hay razón para cuestionar su naturaleza ya que la empresa "tuvo pleno acceso a los fondos del préstamo". Los peritos del juzgado, por su parte, alertaron que les parecía muy llamativo que no se les permitiera acceder a 4 de los más de 6 millones concedidos.
Este hecho hizo dudar a los expertos de que el préstamo no fuera en realidad participativo, si bien la Abogacía mantiene que no es así. De hecho, apunta que el patrimonio neto de la aerolínea a fecha de 31 de enero de 2020 era de 12,4 millones de euros. "El auditor de cuentas expresaba que el ratio superaba el 50% y, por tanto, se cumpliría la condición de elegibilidad de no ser una empresa en crisis", reza el escrito.
Con todo, la Abogacía sí confirma que este préstamo "controvertido" cumplió su función de evitar la disolución de la compañía y ataca con dureza a los peritos designados por el juzgado al concluir que sus consideraciones sobre la situación de Plus Ultra "carecen de sustento legal ni jurisprudencial y se basan en conjeturas y tesis netamente subjetivas". A diferencia de los expertos, concluye que las cuentas del rescate fueron auditadas sin que el informe de auditoría contuviera ninguna salvedad al respecto.
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