España

La Abogacía del Estado carga contra la jueza del 'caso 8-M' y vuelve a pedir su archivo

Además, reprocha a los agentes que elaboraron sus informes para la causa de buscar involucrar a toda costa al director del CCAES, el doctor Fernando Simón

La Abogacía del Estado insiste en el archivo del caso 8-M a través de un nuevo recurso, interpuesto este lunes ante la titular de la causa, Carmen Rodríguez-Medel, según recoge El País.

En el escrito, el órgano jurídico dependiente del Gobierno carga con dureza contra la propia magistrada de la investigación y contra la Guardia Civil, a los que acusa de haberse lanzado a una "búsqueda voraz de indicios de delito".

Acusa a ambos de iniciar una "causa general" contra las autoridades y "contra la gestión de la crisis sanitaria". Además, reprocha a los agentes que elaboraron sus informes para la causa de buscar involucrar a toda costa al director del CCAES, el doctor Fernando Simón.

“Los más de 2.000 folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al delegado del Gobierno como investigado evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo”, afirma la Abogacía.

“La instrucción tenía por objeto, no investigar indicios de delito, sino encontrarlos”, añade el recurso.

El primer recurso

La Abogacía del Estado presentó el pasado 27 de mayo un primer recurso directo de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la juez Carmen Rodríguez-Medel de investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en la capital el 8-M.

La abogada del Estado Rosa María Seoane sostuvo entonces que la juez, ante la falta de indicios delictivos, "vulnerando la presunción de inocencia, ha iniciado el proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos", explica la funcionaria, que considera que la magistrada ha iniciado, "una auténtica investigación prospectiva".

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