La Abogacía del Estado respalda llevar a la Unión Europea la impunidad generada por Bélgica con los líderes del 'procés' fugados.
El órgano de la Administración General del Estado integrado en el Ministerio de Justicia ha remitido sus alegaciones al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En ellas, considera procedente el planteamiento de una cuestión prejudicial ante la Justicia europea.
La Abogacía ha tomado esta postura después de que la Justicia belga rechazase entregar al ex conseller de Cultura Lluís Puig, uno de los huidos tras el referéndum ilegal del 1-O.
Según su informe, recogido por 'El Mundo', el órgano tilda la actuación del tribunal de apelación belga de una quiebra radical de los principios de confianza y reconocimiento mutuo en que se funda la Orden Europa de Detención Entrega (OEDE).
Los servicios jurídicos del Gobierno señalan que la actuación de Bélgica no ha planteado que existe "un elevado riesgo de impunidad" de personas que intentar eludir la justicia.
El pasado mes de diciembre, la Justicia del país negó definitivamente la entrega de Puig, acusado de malversación de caudales públicos.
"Elevado riesgo de impunidad"
El órgano de servicios jurídicos del Gobierno señala que la actuación de Bélgica no ha planteado que existe "un elevado riesgo de impunidad" de personas que intentan eludir la Justicia siendo sospechosas de haber cometido delitos.
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