La Abogacía del Estado mueve ficha en la causa contra los Pujol. Los servicios jurídicos del Gobierno han presentado su escrito de acusación en el procedimiento seguido contra el expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por la fortuna oculta en el extranjero. Sin embargo, a diferencia de la Fiscalía, la Abogacía no actúa contra el político sino que el grueso de su acusación se ciñe al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, a quien le pide 7,68 millones de euros por fraude a la Hacienda Pública.
Así consta en el escrito adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso Vozpópuli en el cual precisa que tanto el primogénito del clan como su exmujer Mercè Gironés tendrían que abonar esta cuantía solidariamente por delitos fiscales comprendidos entre 2007 y 2012 (a excepción de 2011). Los servicios jurídicos del Gobierno, que representan a la Agencia Tributaria, actúan también contra Josep Ferrusola así como una decena de empresarios entre los que se encuentran Luis Delso, José Barrigón (dueño de Cat Helicopters), Carlos Sumarroca, Carlos Vilarrubí y el constructor Alejandro Guerrero.
La abogada del Estado Rosa María Seoane solicita la pena más alta para el hijo mayor de los Pujol. En concreto reclama para él 25 años de cárcel por cinco delitos fiscales, falsificación en documento mercantil, blanqueo y frustración a la ejecución. En lo que respecta a su expareja, solicita 17 años y medio por los mismos delitos mientras que para otro de los miembros de la familia, Josep Ferrusola, reclama un total de cuatro años y medio de cárcel por fraude fiscal en 2010 y falsificación en documento mercantil. Finalmente para los empresarios reclama 2 años de cárcel.
Bajo las instrucciones del hijo mayor
La Abogacía no les acusa de otros delitos como organización criminal o asociación ilícita que les atribuyó tanto el magistrado instructor, José de la Mata, como la Sala de lo Penal. El instructor de esta macrocausa que arrancó en 2012 envió al banquillo a toda la familia por acumular un "patrimonio desmedido" desde principios de los noventa aprovechándose de la condición de Jordi Pujol. El magistrado tumbó la tesis de los acusados acerca de que la fortuna que amasaron en Andorra provenía de una herencia del abuelo Florenci y concluyó que ocultaron estas cuantías en paraísos fiscales.
También implicó en esta trama a numerosos empresarios que les hicieron "pagos millonarios" a cambio de adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán". Anticorrupción, por su parte, suscribió el relato de hechos y reclamó penas que van de los 29 años de cárcel para el hijo mayor a los 9 de Jordi Pujol. Ahora la Abogacía decide actuar únicamente contra dos de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña poniendo el foco en el presunto fraude cometido por el primogénito y su expareja. Según acredita Hacienda, el otrora matrimonio dejó de pagar 975.307 euros en 2007; 1,5 millones de euros en 2008; 1,8 millones en 2009; 2,3 millones en 2010; y, finamente 1,24 millones ya en 2012.
Los servicios jurídicos del Gobierno atribuyen a Jordi Pujol Ferrusola y a su madre la captación y distribución de fondos. Según explican, la dinámica consistió, por un lado, en ocultar los capitales en cuentas bancarias de Andorra y, por otro, en aflorarlo a través de empresas pantalla. De acuerdo con su relato, el primogénito fue el responsable de repartir el dinero de Andorra entre sus hermanos mediante transferencias. Años después estas cuentas se cerraron y el dinero se desvió a paraísos fiscales a través de "mecanismos ilícitos de compensación internacional con plena cooperación" de los gestores de Banca Reig (luego Andbank).
El papel de los empresarios
De hecho, la Abogacía enumera una serie de firmas opacas gestionadas por testaferros a las que transfirieron el capital oculto a Hacienda. Mucha de ellas se terminaron cerrando en el año 2014 cuando gran parte del clan se acogió a la 'amnistía fiscal' de Montoro. Sin embargo, Josep Pujol lo hizo de manera inexacta y el mayor no solo no se acogió sino que siguió ocultando el capital canalizándolo hacia México. Entre los instrumentos que se valió para seguir ocultando la fortuna al fisco destaca venta de participaciones entre empresas del entramado, préstamos ficticios, y el desvío de fondos a sociedades en Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas.
En lo que respecta a las operaciones interpuestas con algunas empresas, el escrito apunta que acusados como Gironés cobraron porcentajes a cambio de una intermediación que nunca llegó a producirse. Se trata de una tesis que ratificaron ante la Policía Judicial algunos de los empleados de las firmas ahora implicadas en la red. Así ocurrió, por ejemplo, con el Grupo Isolux Corsán del que era presidente Luis Delso. El matrimonio giró facturas por 1,3 millones de euros a este empresario por supuestas colaboraciones en proyectos de México que nunca se llegaron a demostrar.
Lo mismo ocurrió con negocios en Alicante, en el mercado de las instalaciones fotovoltaicas o en servicios de marketing. La Abogacía también resalta la compra de Terminal Puerto del Rosario S.A tras la cual acudieron a varias ampliaciones de capital sospechosas para Hacienda de ocultar un blanqueo de capitales. Otras actuaciones, como la venta del vertedero de Cruilles (Girona) se impulsó en el último gobierno de Jordi Pujol. Su hijo participó en este negocio con sociedades interpuestas y valiéndose de las autorizaciones que había recibido del ejecutivo regional pese a que se habían dictado tres sentencias que ordenaban la paralización y cierre del negocio.
