La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha recurrido el reglamento de justicia gratuita al estimar que no es acorde con el principio legal de una retribución suficiente. Altodo ha presentado recursos contencioso-administrativos contra los decretos por los que fueron aprobados en marzo el citado reglamento y el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.
En un comunicado Altodo denuncia que "veinticinco años después de promulgada la ley de asistencia jurídica gratuita prosigue el maltrato institucional hacia los ciudadanos carentes de recursos y hacia el colectivo de abogados y procuradores de oficio".
Añade que "las administraciones públicas siguen sin hacer efectivo el principio contenido en la ley de que el servicio de asistencia jurídica gratuita debe estar digna y suficientemente remunerado en consonancia con su trascendencia y con el rango constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad con quienes tienen medios".
"Abierta discordancia"
Altodo asegura que esta situación tiene lugar "en abierta discordancia con otros países del entorno y pese al hecho incuestionable de que los abogados y procuradores adscritos al turno de oficio son pieza fundamental para el correcto funcionamiento del Estado de derecho".
Por ello ha interpuesto dichos recursos, uno contra el citado reglamento por considerar contrarios a derecho los módulos y las bases de compensación económica por incumplir el principio de retribución digna y suficiente "al no establecer mecanismos de actualización automática conforme al índice de precios al consumo (IPC).
Y por no ser acordes con los criterios fijados por los colegios de abogados en la emisión de sus dictámenes de honorarios a requerimiento judicial a efectos de la tasaciones de costas. El otro recursos pretende la anulación del nuevo Estatuto General de la Abogacía al considerar que vulnera el principio de jerarquía normativa al haber sido aprobado mediante real decreto cuando esta asociación entiende que al afectar a un derecho fundamental constitucionalmente protegido debería ser aprobado incluso mediante ley orgánica.
"La defensa de los derechos de los justiciables carentes de recursos sigue dependiendo en gran medida del mero voluntarismo, abnegación y vocación de servicio de los profesionales de la abogacía y la procuraduría "con una muy débil defensa por parte de sus órganos rectores y con muy insuficiente respaldo presupuestario y normativo por parte de los poderes públicos", denuncia.
Altodo recuerda que en manos de los abogados de oficio "están las vidas y haciendas de los beneficiarios de la justicia gratuita" Y aclara que no son solo los presuntos autores de infracciones penales sino también otros muchos colectivos como las víctimas de violencia de género o de agresiones sexuales, los menores, los trabajadores, los desahuciados por entidades bancarias o "fondos buitre" o quienes pretenden hacer valer sus derechos ante los órganos judiciales careciendo de medios económicos.
