La Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega Benito, ha trasladado hoy al Rey la necesidad de recuperar lo antes que sea posible la plena normalidad de la actividad judicial. En conversación telefónica, Ortega ha expuesto que, si bien durante los dos primeros meses de la pandemia los elementos que mayor preocupación han sido la situación de los abogados como autónomos y la dotación de medios humanos y económicos para la Administración de Justicia con el fin de garantizar el derecho de defensa con seguridad y eficacia, en la actual fase es fundamental que los juzgados y tribunales comiencen a funcionar con urgencia a pleno rendimiento con el objetivo de recuperar el enorme volumen de trabajo que ha quedado acumulado en estas semanas.
Victoria Ortega ha explicado a Felipe VI que la abogacía, tanto a nivel institucional como profesional, se ha visto directamente afectado por la situación que vive nuestro país.
El Consejo General ha reivindicado el establecimiento de fórmulas seguras y eficaces para facilitar el contacto de los abogados de oficio con sus clientes. En el caso de que este contacto fuese imprescindible, la Abogacía ha reclamado que se les dote del material profiláctico recomendado y se garantice una distancia de seguridad adecuada, habilitándose si fuera necesario salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos.
Equiparación salarial
También, desde el punto de vista económico, la Abogacía ha reivindicado asimismo la equiparación urgente de los letrados con el resto de autónomos en materia de prestaciones, ayudas y subvenciones, dada la paralización en su trabajo. Demanda que se extendió también a aquellos abogados acogidos a una mutualidad y, por tanto, ajenos a los regímenes de la Seguridad Social.
Al inicio del año 2020, el CGAE estimaba que la aportación de los servicios jurídicos al Producto Interior Bruto (PIB) suponía un 1% (más de 10.500 millones de euros), en un sector que emplea a más de 370.000 personas. Así, por cada abogado colegiado en España - casi 155.000-, los despachos pequeños y grandes dan empleo a 1,4 personas, agrupando la abogacía a cerca de un 3% del tejido empresarial español.
En 2017, los despachos con un solo abogado facturaron 2.731 millones de euros según el INE, frente a los 2.039 millones de euros de los grandes despachos (plantilla de al menos 100 abogados). Los despachos pequeños, aquellos que no llegan a 10 profesionales, realizaron servicios por valor de 2.846 millones de euros.
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