La paciencia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, se ha agotado. El magistrado que investiga el presunto desvío de decenas de millones de euros de las obras de construcción del Polígono Logístico de Zaragoza-Plaza ha enviado este jueves sendas comisiones judiciales a las sedes que Acciona en Madrid y Zaragoza en busca de documentación sobre dichos trabajo y que la empresa de los Entrecanales, que era la que encabezaba la UTE, aún no le ha remitido. El secretario judicial acude con un requerimiento en la mano que incluye la advertencia de que si no se le facilita la información se autorizará la entrada y registro de las oficinas. Para ello, va acompañado de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, según confirman a Vozpópuli fuentes jurídicas. La compañía tiene ya a dos directivos imputados en la causa.
Hasta el momento, las pesquisas policiales han conseguido documentar el desvío de cerca de diez millones de euros de la plataforma logística de Zaragoza, pero el volumen de facturas que aún queda por estudiar es tan elevado que los responsables de la investigación no dudan en que esta cifra se multiplicará al término de las pesquisas. El actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, fue la persona que realizó la primera denuncia el pasado mes de mayo y la que aportó los primeros documentos del millonario fraude. Fue también él quien hizo una primera valoración del 'agujero' ocasionado presuntamente por las actividades de varios directivos de la propia empresa pública y de la UTE que participó su desarrollo: 80 millones de euros, un tercio de los cerca de 260 millones que costó finalmente la obra.
A raíz de ésta, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que desembocó el pasado 14 de agosto en una operación policial en la que fueron detenidos el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, su director técnico, Miguel Ángel Pérez, y el ingeniero de la consultora contratada para que vigilara el correcto desarrollo de los trabajos, Nico Groeneveld. Además, se registraron una veintena de inmuebles, entre ellos las oficinas de la propia sociedad Plaza y un contenedor de obra donde se localizó ingente cantidad de documentación de las obras bajo sospecha. Poco después, el juez extendió la acusación a los dos directivos de Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. Los delitos de los que se acusa a los cinco imputados hasta ahora son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental continuada y blanqueo.
Los investigadores apuntan a que el supuesto desvío de dinero se produjo por cuatro vías diferentes: el cobro de trabajos de saneamiento no realizados, sobreprecios sobre otras obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. La principal amenaza para Acciona como empresa es mucho más concreta: las certificaciones de obras supuestamente expedidas por sus directivos y que, en al menos dos casos, se realizaron cuando la reforma del Código Penal ya hacía a las empresas responsable penal de los delitos de sus empleados si no hubieran ejercido sobre ellos el control debido o si la propia mercantil hubiera sido la principal beneficiada del fraude.
Un parking no hecho
Según los datos en poder de este diario, una de esas certificaciones de obra sospechosas se refiere a la construcción en una parcela de un parking para un hipermercado que al final no se instaló y que, como reconoció uno de los imputados, García Becerril, fue firmada como realizada pese a que no era así. La segunda se refiere, según las fuentes consultadas, a unas obras de saneamiento que ni siquiera se iniciaron. El exgerente de la plataforma logística aseguró ante el juez que era él quien plasmó las rúbricas en dichos documentos para que la UTE, en la que participaba Acciona, pudiera cobrar de la empresa pública, pero recalcó que lo hacía siempre a partir de los informes que emitían en su reunión de los lunes José María Jordán -al que sustituyó el otro directivo cuando la empresa de los Entrecanales destinó a aquel a Brasil- y los otros dos imputados en la causa.
Según fuentes conocedoras de los pormenores del sumario, si se confirmase que Acciona no tuvo la diligencia debida en el control de los dos directivos imputados, la empresa como persona jurídica podría ser imputada por malversación de caudales públicos. Una condena por este delito le impediría seguir contratando con la Administración. Sin embargo, otras fuentes creen que la persona jurídica que podría resultar finalmente afectada por la acción de la Justicia sería la UTE en la que participaba mayoritariamente la compañía. Hasta ahora, como adelantó este diario el pasado 21 de septiembre, la conocida empresa se ha empleado a fondo en defender a sus dos ejecutivos imputados. De hecho, la compañía controlada por la familia Entrecanales presentó en el juzgado un aval de 8 millones de euros para hacer frente a las fianzas que impuso a sus empleados el magistrado para devolverles el pasaporte y que ambos pudieran regresar a Brasil y Colombia, donde trabajan ahora para la compañía.
Por su parte, fuentes de Acciona consultadas por Vozpópuli han querido explicar que se trata de un requerimiento de información para que ésta sea entregada en el acto en lugar de enviarse por correo. Dicha información versa sobre la UTE encabezada por Acciona, de manera que por eso una vez finalizadas las obras ha sido necesario acudir a la sede de la misma, según aseguran desde la compañía, que defiende que no es un registro judicial sino un requerimiento de información.
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