Cada viernes en los últimos meses el Ministerio del Interior anuncia la concesión de beneficios penitenciarios o el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a sus lugares de origen. Mensajes que suelen tener un común denominador, como lo es el supuesto arrepentimiento de los terroristas o la redacción de cartas en las que reconocen el "dolor causado"... pero que despiertan las sospechas entre ciertos sectores de las víctimas del terrorismo.
Las cifras no dejan lugar a dudas: desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, se han efectuado 221 traslados correspondientes a 182 etarras. Entre ellos, algunos nombres de indeleble trayectoria en los años más sanguinarios de ETA, como Juan Carlos Iglesias Chouza, alias Gadafi, o Javier García Gaztelu, Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco y vinculado con medio centenar de crímenes.
"Las víctimas del terrorismo necesitamos una explicación", señalan desde la AVT, a quien corresponden las estadísticas arriba reflejadas. Y de acuerdo a sus datos, a Interior sólo le quedan diez etarras por aproximar a cárceles más cercanas a sus lugares de origen, si no directamente al País Vasco o Navarra.
Tres etarras en Sevilla
Son diez etarras que aún duermen en centros penitenciarios andaluces, de acuerdo a los datos que maneja la AVT. En Sevilla se encuentran Ibai Aguinaga Guinea, Iker Olabarrieta Colorado y Asier Arzalluz Goñi. ¿Sus delitos? El primero había sido detenido en tres ocasiones por delitos relacionados con el terrorismo urbano, hasta que en 2003 la Policía lo capturó en Berriozar (Navarra) como miembro del comando Nafarroa de ETA; en la operación se incautó cuantioso material explosivo y armas.
A Iker Olabarrieta se le vinculó con Jarrai tras ser arrestado en San Sebastián en 2005, en una operación que requirió el despliegue de medio centenar de policías y que culminó con la detención de otras dos personas y la intervención de armas y documentación falsa. Asier Arzalluz Goñi fue extraditado desde Francia en 2009 y cumple condena por su integración en el comando Ttotto, vinculado con varios asesinatos.
La cárcel de Almería
Alberto Viedma Morillas participó en dos asesinatos: el concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Tomás Caballero y el subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova. Fue detenido en 2002 por la Guardia Civil. Cumple condena en el centro penitenciario de Almería y, de momento, no se ha ordenado su traslado a una cárcel más cercana.
También en Almería se encuentra José Ignacio Cruchaga Elezcano. Formaba parte del sanguinario comando Barcelona que perpetró varios atentados en Cataluña; entre otros, el del destacado dirigente socialista y catedrático Ernest Lluch.
Cinco presos en Cádiz
Y en Cádiz se encuentran los otros cinco presos de ETA que Marlaska aún no ha sacado de Andalucía. Óscar Barreras Díaz está condenado por varios delitos; entre ellos, el asesinato en 1997 del policía Luis Andrés Samperio. A Jesús María Etxebarria Garaikoetxea se le frustraron sus planes de atentar en Madrid con explosivos cuando la Guardia Civil le dio el alto a él y a su compinche en un control de la Guardia Civil en la A-6. Acto seguido se desató un tiroteo que terminó con la muerte de un agente.
Los tres etarras que quedan en Cádiz son Aitor Cotano Sinde, Daniel Pastor Alonso e Ignacio Javier Bilbao Goicoechea. Al primero se le condenó a 515 años de cárcel por atentar contra la casa cuartel de Legutiano (Álava) en 2008 y asesinar a un agente. El segundo también acumula penas por varios centenares de años, mientras que el tercero -también con las manos manchadas de sangre- saltó a la fama por amenazar al juez con pegarle "siete tiros" y arrancarle "la piel a tiras".
Las "falsas" cartas de arrepentimiento
"Necesitamos saber por qué se traslada a terroristas que no colaboran con la justicia ni muestran un ápice de arrepentimiento", aseveran desde la AVT en un comunicado hecho público este mismo viernes, tras conocerse que Interior ha aprobado el traslado de los etarras José Carlos Apeztegia Jaka y Lexuri Gallastegi Sodupe, así como el paso a tercer grado de Joseba Segurola Beobide y Javier Pérez Aldunate.
Del primero de ellos, Interior asegura que ha firmado una carta en la que "muestra su deseo de atenuar el sufrimiento de las víctimas y rechaza el uso de la violencia". Sin embargo, desde la AVT dudan de la veracidad de esos escritos. El pasado mes de diciembre, la asociación denunció una estrategia de falsos arrepentimientos para lograr los beneficios penitenciarios de los presos de ETA.
Como contó Vozpópuli, la estrategia de los abogados de ETA provocó un cisma entre los reclusos. En concreto, el sector más duro denunciaba el "chantaje" al que les sometían los letrados para firmar estas misivas, y manifestaban su intención de no "claudicar" frente al Estado, cumplir con las condenas impuestas y no expresar ni un ápice de arrepentimiento por los delitos cometidos.
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