“Es como decir: ‘te dejo aquí por si dicen algo’”. Esas fueron las palabras textuales que usó un mosso d’Esquadra de Lleida para describir el sentido de las órdenes que les dieron sus superiores cuando les mandaron a los colegios electorales el 1-O. Estas y otras expresiones vienen recogidas en su declaración como testigo protegido a la que ha tenido acceso Vozpópuli y que han servido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para procesar por sedición y organización criminal al exmayor del Cuerpo Josep Lluis Trapero y a sus superiores directos de la institución.
El agente prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado 11 de octubre, días después del referéndum ilegal, bajo la identidad de “testigo 1-O”. Según dijo, estuvo de servicio la jornada de la consulta, concretamente en Lleida, y no dudó en calificar el despliegue realizado por los Mossos d’Esquadra como una “aberración” y pensado para aparentar. Esta es una de las pruebas que usa la magistrada -que incluye parte de esta declaración en su auto- para sostener que la estrategia del Cuerpo dirigido por Trapero era la de hacer creer que cumplían con el mandato judicial, pero en realidad contribuyeron a la celebración del referéndum.
En primer lugar, declaró que en las comunicaciones que les llegaban por radio recibían órdenes en las que se les pedía que informasen de todos los movimientos que detectaran de vehículos y componentes de la Guardia Civil. Con ese ánimo, se colocó “al menos una patrulla” de los Mossos frente a la Comandancia del Instituto Armado de Lleida, que daba cuenta de los coches que salían, los movimientos de los guardias y el material que llevaban.
Este testigo protegido precisa que la orden procedía directamente de la Sala Regional, sala que se encuentra al mando del inspector Roderic Moreno Mir. Añade que ese día altos mandos del Cuerpo en la provincia supervisarían todo el dispositivo desde un Centro de Coordinación (CECOR). También relató que ese día, pese los enfrentamientos que se produjeron entre votantes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los antidisturbios (unidades ARRO) de los Mossos d’ Esquadra “no fueron requeridas para intervenir en ningún punto de la provincia de Lleida”.
El agente también confesó que “el único medio” con el que contaban para proceder a cierre de los colegios eran “adhesivos y cinta policial”.Fue ahí cuando tachó de “aberración” el despliegue previsto en el que les prohibieron entrar a la fuerza en los puntos de votación o usar sus defensas. Carecían de medios y hasta de vehículo, denunció.
Por todo ello, Lamela concluye que “la actuación de los más altos responsables de la Consejería de Interior, en connivencia y colaboración con la estructura de mando del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, y de los organizadores y grupos de defensa del referéndum ilegal, fue decisivo para, fuera de la legalidad, impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas al efecto”.
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