El caso Acuamed se perfila como el primer gran procedimiento de corrupción que va a padecer a corto plazo la rebaja del delito de malversación. La Fiscalía Anticorrupción, que en noviembre pidió enviar al banquillo a más de cuarenta personas (incluido el exdirector general de la empresa) por malversación agravada, se ve obligada a estudiar su acusación a tenor de la inminente entrada en vigor de la rebaja impulsada por el Gobierno.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli que explican que tras el reclamo de la Audiencia Nacional de que revise su acusación de malversación, se va a tener que analizar qué modalidad de este delito se atribuye a los imputados en la causa. El objetivo a corto plazo es que estos cambios no se traduzcan en el archivo de imputaciones ni tampoco en una rebaja de las penas de cárcel que se pedirán para ellos.
El Ministerio Público espera que la revisión no afecte al contenido del escrito presentado el pasado 28 de noviembre, en el que pide que se procese a un total de 42 personas por falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y delito continuado de malversación, recogido en el artículo 432 en su modalidad agravada.
El documento, que desvela este medio, se presentó cuando ya era público que el Gobierno barajaba también rebajar la malversación por su acuerdo con ERC. La fiscal Anticorrupción del caso Acuamed dejó patente en su escrito de más de 200 páginas que los imputados habrían cometido delito de malversación con la adjudicación irregular de contratos de esta firma ligada en el momento de los hechos al Ministerio de Medio de Ambiente.
Malversación agravada
Ante un previsible cambio legal impulsado por el Ejecutivo, la fiscal se adelantó y plasmó que la malversación aquí no está "encorsetada por las estrictas etiquetas" de otros ámbitos jurídicos (como el Derecho mercantil o civil). El concepto de funcionario público en Derecho Penal se interpreta de forma más amplia. En este caso se apunta a una malversación de los imputados porque pertenecen a una empresa del Estado. "Debe tener la consideración de patrimonio público y, por tanto, puede ser objeto de malversación", reza.
Por ese motivo y atendiendo a la gravedad del delito continuado de malversación agravada y a la elevada pena de prisión que ello conlleva, se pidió la formación de sumario. Pero ahora, de revisarse la acusación, la causa que arrancó en el año 2015 perdería fuelle y continuaría por el trámite de procedimiento abreviado. Esto es así porque con la modificación de la malversación que entra en vigor el 12 de enero se reduce la pena de cárcel a un máximo de cuatro años de prisión si no hay lucro personal, como parece ocurrir en este caso. Esta rebaja implica, además, que el delito prescribe antes.
Viajes, eventos y la feria de Sevilla
Anticorrupción pide el procesamiento de un total de 42 personas al apuntar que se amañaron más de una decena de contratos públicos suscritos de Acuamed entre 2012 y 2015 con empresas implicadas en la trama. Por ello actúan contra el exdirector general Arcadio Mateo y otros exaltos cargos tales como Gabriela Mañueco (exdirectora de Ingeniería y Construcción); Juan García Cuenca (Dirección de Asesoría Jurídica); Carlos Anibarro (Administración y Finanzas) o Francisco Javier Gómez Pastor (Subdirector de Contratación).
Las irregularidades que los investigados han podido cometer en el proceso de adjudicación, ejecución y liquidación de diversas obras gestionadas por Acuamed han podido ocasionar un grave perjuicio económico
También piden enviar al banquillo a cargos intermedios de Acuamed, así como a contratistas que se beneficiaron de estas licitaciones. Estos últimos, a cambio, retribuyeron a los cargos públicos con viajes familiares dentro y fuera de España. En una ocasión se les llegó a ofrecer invitaciones para la feria de Sevilla, siempre a cambio de estos tratos de favor que en su mayoría fueron a parar a una empresa de suministro de tuberías de la que era propietario Manuel Moreno.
Los investigadores sostienen que gracias a los documentos incautados en los registros domiciliarios así como a las anotaciones personales de algunos imputados, han podido constatar que se alteraron los concursos para favorecer a empresarios amigos. "Las irregularidades que los investigados han podido cometer en el proceso de adjudicación de diversas obras públicas en concierto con contratistas y servicios públicos han podido ocasionar un grave perjuicio económico para las arcas públicas", precisa el escrito de Anticorrupción.
Dinámica del amaño
La dinámica fue bastante similar en varias adjudicaciones: se licitaban las obras públicas y se imponía el proveedor que suministraba el material, aunque no fuera la mejor oferta. Esto es lo que ocurrió en la adjudicación de las obras de la planta desaladora de La Redonda de Almería (2012), en el ramal del Cañarico (Murcia) o en la dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado (Murcia); esta última adjudicada en mayo de 2013 por más de 9 millones de euros.
En estos casos se acabó imponiendo la empresa de Moreno. A modo de ejemplo destaca la firma del convenio en 2013 de Acuamed con las Comunidades de Regantes de Lorca y Puerto Lumbreras para la distribución de agua en el Valle del Alto Guadalentín. El proyecto contemplaba la instalación de una tubería para transportar agua para riego. Acuamed debía examinar el proveedor pero solo para garantizar que cumplía los requisitos exigidos. No obstante, lejos de mantener el propuesto por la adjudicataria el exdirector general planteó un cambio "de manera repentina".
Ante encarecimientos de obra se prometió a los empresarios que le compensarían con cargo a los fondos de Acuamed, bien a través de certificaciones de obra o en la liquidación del contrato
Se acordaron unas exigencias posteriores a la firma del contrato para que solo la mercantil amiga (STS Tubular Group) se hiciera con la obra. Los propios empleados de Acuamed denunciaron que el entonces director general impuso este criterio. Además, y como el cambio supuso un encarecimiento de la obra, se prometió a uno de los empresarios implicados (Nicolás Steegmann) que se le compensaría la pérdida económica con cargo a los fondos de Acuamed, bien a través de certificaciones de obra, en la liquidación del contrato o mediante la tramitación de un proyecto modificado.
El escrito enumera muchas obras más que se han investigado en estos siete años en la Audiencia Nacional. No obstante, Acuamed también es epicentro de otras causas de corrupción como la que se sigue en un juzgado de Valencia contra exaltos cargos del PSOE valenciano por adjudicaciones irregularidades de la empresa, bajo control entonces de Cristina Narbona, y que superarían los 118 millones de euros.
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