El acuerdo sobre fiscalidad suscrito por España y Reino Unido sobre Gibraltar, cuyo principal objetivo es evitar que el Peñón pueda consolidarse como paraíso fiscal, ha entrado en vigor este sábado tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El acuerdo persigue la eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar, territorio que si bien nunca ha figurado en la lista de paraísos fiscales de la UE sí que estaba incluido en la lista española aprobada en 1991, han explicado fuentes diplomáticas.
El texto establece reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas que puedan surgir por la falta de correspondencia entre el lugar efectivo de residencia y la inscripción como residente.
Asimismo, busca evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.
En este sentido, se considerará que las personas jurídicas o entidades gibraltareñas tienen residencia fiscal en España cuando tengan una relación significativa con nuestro país.
Para determinar esto, según han explicado las fuentes, la localización de la mayoría de sus activos, por la obtención de la mayor parte de sus ingresos en España o cuando la mayoría de sus propietarios o directivos sean residentes en territorio español.
Sin cambios respecto a la soberanía
El acuerdo, según defiende el Gobierno, constituye "una herramienta eficaz en la lucha contra la evasión fiscal y crea los instrumentos necesarios para tal fin". Además, recalca que "no supone cambio alguno con respecto a la posición española en cuanto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar".
Por otra parte, las fuentes han explicado que el acuerdo hay que enmarcarlo en el memorándum de entendimiento alcanzado el pasado 31 de diciembre por España y Reino Unido sobre Gibraltar y que debe servir de base para la elaboración de un acuerdo entre Londres y la UE sobre el Peñón y que a la postre significará la inclusión de este territorio en el espacio Schengen.
Ambos gobiernos confían en que dicho acuerdo pueda sellarse en seis meses, pero hasta ahora la Comisión Europea no ha publicado el marco negociador para que pueda iniciarse el proceso.
Aunque desde el Gobierno se ha señalado en todo momento que lo propuesto por Madrid y Londres ha tenido muy buena acogida entre el resto de socios, las fuentes han sostenido que el acuerdo fiscal ayudará a resolver cualquier eventual inquietud que puedan tener algún Estado miembro ya que ofrece una "seguridad adicional" en materia fiscal.
La entrada en vigor del acuerdo fiscal ahora ha sido posible tras haber completado España su proceso de ratificación, con la aprobación del mismo en el Congreso y en el Senado. Dicha aprobación se hizo con polémica, ya que en el caso de la Cámara Baja, el pasado mes de julio, PP y Vox votaron en contra.
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