La Fiscalía Provincial de Madrid ha llegado a un acuerdo con 19 de los 23 acusados de pertenecer a una red que organizaba pelea ilegales de perros, según han informado fuentes jurídicas a Vozpópuli. Un acuerdo del que no forman parte las dos acusaciones populares en el proceso, que son Podemos y la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas (SASA), que se hizo cargo de los canes heridos.
La Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio sobre esta presunta organización que sometían a los perros a un “cruel maltrato” desde su nacimiento y luego los mataban “cuando ya no les eran de utilidad para su fines”, según la Fiscalía.
Entre las personas investigadas se encuentran dos veterinarios y un policía local canario, ya que esta red también contaba con apoyo territorial con grupos “claramente” identificados que actuaban en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga.
A los 23 investigados, según los casos, se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos. Llevaban operando al menos desde el mes de septiembre de 2016. Fueron detenidos en febrero de 2017.
Los 19 acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía tendrán los atenuantes de dilaciones del proceso y otros contarán con estas dilaciones más haber pagado el daño de reparación. Estas 19 personas han prestado declaración este lunes y han reconocido los hechos ante el juez. Previsiblemente evitarán entrar en prisión.
En la sesión de este lunes, el tribunal planteó un receso para que las acusaciones particulares dijeran que pruebas querían practicar. El presunto cabecilla de la trama, apodado como el 'Rafa', no ha querido pactar con la Fiscalía al igual que su hija.
También, los dos veterinarios presuntamente implicados en la trama no han firmado el acuerdo ya que se enfrentan a la inhabilitación para el ejercicio de su profesión y también la prohibición para la tenencia de animales.
Según el escrito de la Fiscalía, este grupo se dedicaba a organizar, promover y participar en peleas de perros “con ánimo de enriquecimiento injusto”.
Maltrato y duro entrenamiento
Para ello criaban perros de razas potencialmente peligrosas y los entrenaban para participar en peleas donde se apostaban “grandes cantidades de dinero”. Les adiestraban con el objetivo de que fueran más agresivos a base de fármacos y sustancias dopantes “muy perjudiciales para los canes”, y así mejorar su rendimiento, recuperación y aumento muscular.
Sometían a los animales a una situación de “cruel maltrato” desde su nacimiento, con castigos, alimentación inadecuada y “duros” entrenamientos físicos. Incluso llegaban a utilizar cintas de correr para desarrollar sus capacidades musculares y resistencia aeróbica “llevando al animal hasta su extenuación”.
Si el perro no moría en la pela y resultaba gravemente herido lo utilizaban como “sparring” o les mataban “cuando ya no les eran de utilidad para sus fines, desplazándose los miembros de la organización por todo el territorio nacional o al extranjero, con el único objeto de medir el grado de aptitud de un perro para la pelea”.
En sus territorios formaban pequeños grupos interconexionados entre sí que, a su vez, tenían ramificaciones a nivel internacional, para llevar a países como Italia, Francia, México, Tailandia o Emiratos Árabes “a los perros que destacaban por su agresividad”.
Cada grupo se repartía las funciones de forma jerárquica. Unos se encargaban de organizar las peleas, otros se dedicaban a criar y entrenar a los perros y un tercer grupo participaba en los eventos “apostando en los mismos”.
Rafa, el líder del grupo
Los acusados, muchos de ellos criadores de perros peligrosos, pactaban por escrito antes de la celebración de cada pelea las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, peso de los perros que iban a luchar, penalización en caso de no comparecer, árbitro, fecha y/o lugar.
En estas actividades solo podían participar los miembros de la organización, “u otras personas que fueran apadrinadas por uno de sus miembros, encontrándose todos los miembros de la organización especializados en esta materia, y disponiendo de una jerga propia”.
En el caso de la Comunidad de Madrid R. R. D, alias 'Rafa', era el líder del grupo y el encargado de mantener los contactos fuera de España. El acusado, que era una especie de “cazatalentos”, tenía varios perros que criaba en una finca de Batres y allí celebraba "topas” (enfrentamientos previos a una pelea) con el fin de seleccionar a los más agresivos y mejor entrenados.
En el registro practicado en su finca se hallaron 22 perros “en estado lamentable de salud e higiene”. La mitad de ellos 11 fallecieron debido al estado de salud en que se encontraban, “siendo necesario practicar además a varios de ellos eutanasias humanitarias”.
En otra finca, en el número 4 de la calle Azor situada en el término municipal de Fuente El Saz de Jarama, propiedad del acusado Á. O. R., alias el Profe, había un criadero de perros donde se les adiestraba en un ring para la celebración de las peleas.
Aquí, los investigadores se encontraron 17 perros, la mayoría hembras para crianza, algunos de ellos con cicatrices y heridas abiertas, atados a cortas cadenas y rodeados de suciedad y excrementos”.
En esa misma finca, L. M. M. supervisaba las funciones de adiestramiento y suministraba a los perros “medicación específica para potenciar su agresividad de cara a la celebración de las peleas, tratándose de fármacos y sustancias dopantes muy fuertes y perjudiciales para la salud de los canes”.
El papel de los veterinarios
Entre el grupo de seis acusados que operaban en la Comunidad de Madrid se encuentra el veterinario C. M. Y. , del Colegio de Veterinarios de Toledo y Madrid, cuya tarea era la de facilitar el soporte documental administrativo necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, “medicación que es de exclusivo suministro veterinario”.
Al mismo tiempo aportaba sus conocimientos sobre el tratamiento médico de los perros, “a sabiendas de la ilícita actividad que los demás acusados estaban practicando” con los perros.
Según la Fiscalía, el acusado era perfecto conocedor del estado en que se encontraban los perros y del origen de sus heridas, “evitando con sus consejos que los perros tuvieran que ser trasladados a una clínica veterinaria donde se sospecharía de las heridas presentadas y del estado de los animales”.
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